La Corte Constitucional anuló la resolución con la que el Gobierno Nacional había intervenido la EPS Sanitas, al considerar que la Superintendencia Nacional de Salud no respetó las garantías procesales en la aplicación de la medida.
El alto tribunal también tumbó la prórroga de un año que había extendido dicha intervención, argumentando que el procedimiento vulneró derechos fundamentales. Esta decisión implica que la intervención queda sin efectos legales, y se deberá revisar el proceso desde sus bases legales.
La EPS Sanitas, una de las principales prestadoras de servicios de salud del país, había sido intervenida por presuntas irregularidades en su operación. Sin embargo, con este fallo, la Corte reitera que la legalidad del proceso administrativo es esencial, incluso cuando se busca proteger el derecho a la salud.
Aún se espera pronunciamiento oficial del Ministerio de Salud y la Superintendencia.
