La Corte Constitucional falló una tutela a favor de un interno de la cárcel de Cómbita, Boyacá. El actor solicitó una visita virtual mensual con su cónyuge e hijo, también privados de la libertad. No obstante, la petición solo fue concedida cada tres meses.
La Sala Sexta de Revisión, con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, concluyó que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y los establecimientos de reclusión accionados desconocieron los derechos fundamentales a la unidad familiar, a la vida digna y a la intimidad porque no garantizaron mensualmente las visitas virtuales del actor con su núcleo familiar.
Según el Alto Tribunal, si bien el derecho a la unidad familiar se encuentra limitado para la población reclusa, las restricciones deben ser las estrictamente necesarias para lograr los fines de la privación de la libertad y orientadas a la resocialización de los internos.
La Corporación señaló que, en el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, las visitas virtuales de los internos revisten una gran importancia, pues permiten un acercamiento con las familias y, a la vez, garantizan el distanciamiento social.
“Dentro de los instrumentos para garantizar este derecho se encuentran las comunicaciones y visitas a los reclusos, que constituyen una manifestación del deber del Estado de garantizar que los internos mantengan su contacto con quienes conforman su núcleo familiar”, puntualizó el fallo.
La Corte precisó que, con ocasión de la pandemia, la normativa que establecía una frecuencia trimestral para las visitas virtuales fue dejada sin efectos. No obstante, las entidades accionadas persistieron en su uso y omitieron su deber de aplicar la nueva regulación al actor y a su núcleo familiar. Esta última era más favorable en términos de acceso.
También, advirtió que no existían protocolos para garantizar la periodicidad de las visitas y la gestión de las solicitudes de las personas privadas de la libertad. En particular, no se contaba con elementos para asegurar la trazabilidad de las peticiones, para efectos de materializar los principios de publicidad, transparencia, igualdad, eficiencia y moralidad administrativa, entre otros.
Por tal motivo, el INPEC y los establecimientos carcelarios involucrados deberán garantizar que el accionante pueda realizar, como mínimo, una visita virtual mensual con su núcleo familiar. Lo anterior, sin perjuicio de que puedan desarrollarse encuentros con mayor frecuencia, en la medida en que los establecimientos penitenciarios involucrados dispongan de la capacidad necesaria para ello.
La Corte exhortó al Ministerio de Justicia y al INPEC para que continúen con la ampliación de la cobertura de las herramientas tecnológicas que permiten a los internos comunicarse con sus familias, y para que socialicen, entre las autoridades de los centros carcelarios y la población privada de la libertad, los parámetros aplicables para acceder a las visitas virtuales familiares.
D.A.
