La Corte Suprema de Justicia condenó, en primera instancia, al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, a 21 años y ocho meses de prisión, por ser coautor responsable del delito de peculado, en su modalidad de apropiación agravada en favor de terceros, en concurso heterogéneo con el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Además de la sentencia de prisión, el hijo de la llamada ‘cacica’ Cielo Gnecco Cerchar será inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas y deberá pagar una multa de $1.537.021.828.
También instó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que traslade a Monsalvo a un centro de reclusión.
La Sala Especial de Primera Instancia de dicho tribunal encontró al exfuncionario responsable de haber incurrido en irregularidades en un contrato para el Plan de Alimentación Escolar (PAE).
El defensor del exmandatario, José Luis Barceló, indicó que apelará la decisión. Por su parte, Monsalvo, en medio de la diligencia, aseguró que apelará la decisión a través de un escrito que hará llegar al despacho.
“Yo también quisiera aportar un recurso de parte personal, de tal forma que voy a sumarme dentro de la apelación con un escrito que presentaré de forma personal acompañando el mismo recurso de apelación de la defensa”, sostuvo.
El proceso está relacionado con un contrato por más de 17.000 millones de pesos que la Gobernación del Cesar firmó en el año 2015 con el consorcio Alimentación Escolar a Salvo para la alimentación de los colegios en esa región del país.
El contrato, fijado en $17.145.105.000, tenía como objetivo prestar el servicio de alimentación a niños, niñas y adolescentes en las áreas rurales y urbanas del Cesar. Sin embargo, la Corte encontró demostrado que en la tramitación, celebración y liquidación del contrato, se vulneraron los principios de planeación, economía, responsabilidad y legalidad.
Los magistrados de la sala consideraron que el contrato fue firmado sin estudios previos y del sector completos, serios y reales, lo que llevó a un direccionamiento del proceso y un sobrecosto por más de 1.500 millones de pesos ($1.537.021.828).
