La organización Transparencia por Colombia le solicitó al Gobierno realizar un diálogo prioritario y constructivo para buscar soluciones que permitan resolver la crisis del sector de la salud en el país.
Dijo que es importante reconocer la vulnerabilidad del sistema de salud a la corrupción, lo que les genera una enorme preocupación por el riesgo latente de que el término “corrupción” sea utilizado de manera indiscriminada y sin fundamentos sólidos como forma de desacreditar el sistema, pues esto solo llevaría a aumentar la incertidumbre de los usuarios y pacientes.
“Es prioritario establecer un diálogo constructivo y buscar soluciones para la crisis del sistema sobre la base de datos e información de calidad, clara y oportuna, que satisfaga las necesidades actuales y permita una comprensión adecuada de la situación. Este asunto fue reiterado por la Corte Constitucional”, indicó.
Dijo que llama la atención el llamado que hizo en días pasados la Corte Constitucional sobre la falta de avances significativos, por parte de los órganos de control en investigación y sanciones en materia de salud.
“Por ello, los recientes anuncios de la Contraloría y la Fiscalía respecto al inicio de investigaciones sobre el uso de recursos públicos por parte de algunas EPS, deben traducirse en una acción ágil y efectiva, en consonancia con el debido proceso, pero sobre la base de información clara y sustentada que responda a las necesidades de todas las partes”, manifestó.
Indicó que estas acciones investigativas generen resultados, tanto para sancionar los casos de irregularidades que se comprueben, como para instaurar los correctivos necesarios para responder a la crisis que aqueja al sistema de salud.
Recalcó que es importante hacer uso responsable de las referencias a actos de corrupción en el sistema y que estas estén sustentadas, lejos de sesgos ideológicos e intereses particulares.
La entidad dijo que, según el informe del Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia, entre 2016 y 2020 fueron registrados 67 hechos de corrupción relacionados directamente con el sector salud, por un costo estimado de $1,63 billones. Estos casos fueron, mayoritariamente, de tipo administrativo (63%), privado (27%) y político (10%).
