Después de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que le concedió miles de kilómetros de mar colombiano, Nicaragua demandó al país sudamericano por no hacer valer la decisión.
Desde ahí, se prepara un pleito jurídico y diplomático entre las partes y ante la autoridad.
El pleito geopolítico entre Colombia y Nicaragua lleva más de 40 años generando tensiones y su sentencia oficial está próxima a cumplir 9 años de vigencia. La decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Países Bajos, emitida el pasado 19 de noviembre de 2012, le entregó al país centroamericano miles de kilómetros de mar colombiano, a pesar de haber ratificado la soberanía del país sobre las islas y cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Esto causó conmoción entre los habitantes de la isla y, especialmente, en la cúpula del gobierno liderado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, quien aseveró en su momento que la determinación del tribunal “no es compatible con la concepción geográfica de lo que es un archipiélago”.
Sin embargo, a pesar de hacer efectivo su control marítimo, en 2013, Managua ya había vuelto a la CIJ demandando a Colombia por un supuesto “uso de la fuerza para cometer violaciones” sobre el territorio otorgado el año anterior. Esto, por la presencia de uniformados de la Armada nacional en proximidades a la frontera.
En otra demanda, ese mismo año, Nicaragua solicitó al tribunal delimitar la plataforma continental del país más allá de las 200 millas náuticas. Sin embargo, hasta la actualidad, el argumento central de la puja del país regido por Daniel Ortega sigue siendo el mismo: Colombia viola los derechos establecidos por La Haya.
De acuerdo con el medio colombiano El Tiempo, Nicaragua argumenta que se presentaron 13 incidentes de violación del territorio antes de la demanda elevada y, posterior a la misma, el régimen de Ortega dice contar con evidencia de otras 36 infracciones más. Colombia, por su parte, niega los hechos denunciados.
Frente a las diferencias aún vigentes, La Haya convocó a ambos países a una audiencia que se llevará a cabo el próximo 20 de septiembre, con una segunda sesión el primero de octubre de este año. Para esto, los dos gobiernos preparan su artillería jurídica y diplomática con el fin de no ceder terreno.
La reunión de expresidentes
Iván Duque, presidente de Colombia, no ha sido indiferente a la problemática e, incluso, pidió ayuda de notorios contradictores políticos para asesorarse. El pasado 31 de agosto, el mandatario convocó a una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales, de la cual hacen parte los expresidentes del país.
Para esto, fueron invitados Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana. A pesar del apremiante asunto que beneficiaría o perjudicaría al país, la reunión se tuvo que aplazar por dificultades de asistencia.
Frente a esto, la encargada de recoger las opiniones de los exmandatarios fue la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, quien aseveró que se reunió con todos los anteriormente nombrados, menos con Juan Manuel Santos, expresidente que recibió la sentencia de La Haya.
“Lo puedo decir con franqueza: yo visité a todos los que me dieron cita. Me dieron cita el expresidente Pastrana, Uribe, Gaviria, Samper y a todos les llevé su invitación. El único con el que no me pude reunir, que no me pudo atender, fue el expresidente Santos”, explicó la funcionaria del gobierno.
El equipo jurídico
A pesar de que no pudo hacer efectiva la reunión presencial, no es el único recurso con el que Duque cuenta. Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda, agente y coagente, nombres reconocidos en el derecho internacional, serán los que representen a Colombia en La Haya el próximo 20 de septiembre. Por otro lado en la Cancillería de Colombia, Andrés Villegas es el encargado de monitorear la situación.
Arrieta fue procurador, magistrado del Consejo de Estado y embajador en La Haya. Por su parte, Cepeda fue magistrado de la Corte Constitucional y ha ejercido como asesor del Estado en varios procesos. Según Semana, las sesiones, que apenas estrenan un modelo mixto de presencialidad, no contarán con todos los magistrados en recinto y Colombia se encuentra obligado a reducir el equipo presente.
Por otro lado, por el estado de la democracia en Nicaragua, los gobiernos se encuentran en otra controversia. Se conoció que el pasado 28 de julio, Colombia convocó a Alfredo Rangel, embajador en Managua, para rechazar “la sistemática persecución contra la oposición política, el periodismo y el liderazgo social en Nicaragua”, reza el comunicado.
El caso ‘Seaflower’
El pasado 28 de enero, la Asamblea Nacional Nicaragüense estableció la “Reserva de la Biósfera del Caribe Nicaragüense”, con referencia a la Reserva de Biósfera Seaflower, nombrada por la Unesco en el 2000.
“Bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravía del derecho internacional, Nicaragua incluyó y califique porciones del mar Caribe como si fueran parte de su territorio”, indicó el Gobierno de Colombia, en otro pleito con el país centroamericano.
“La declaratoria representa un intento más por parte de Nicaragua de generar hechos ante la Corte Internacional de Justicia, con el objetivo de aparentar cumplimiento y respeto por las normas sobre derechos humanos y medio ambiente, pese a que ya es de amplio conocimiento por la comunidad internacional que las autoridades nicaragüenses son infractoras sistemáticas en estas materias”, señaló también. En ese momento, Colombia hizo claro que no ahorrará ningún esfuerzo para defender lo que en algún momento fue suyo en tribunales internacionales.
