Ubicado en el departamento del Cesar, municipio de Valledupar y con poco más de 7 mil habitantes, el corregimiento de Atánquez es conocido como la capital del pueblo Kankuamo, actualmente sujetos de reparación colectiva y como dicen sus habitantes, pueblo invadido, pero jamás conquistado, un pueblo donde la palabra es más poderosa que el dinero.
En el marco del conflicto armado y como consta en informe presentado ante la Justicia Especial para la Paz, fueron más de 400 muertos de la comunidad kankuama, víctimas de los grupos al margen de la Ley y del mismo Estado.
La familia Torres Maestre, como muchas otras, no fue ajena a este flagelo de la violencia y como cuenta el Cabildo Menor de la Comunidad de Atanquez, Jhon Torres Maestre, vivieron en carne propia un capítulo en sus vidas que jamás quisieran repetir.
“El 5 de agosto de 1997, hace su primera incursión el paramilitarismo, de eso quedaron 4 personas asesinadas en frente de la plaza, todas las familias las obligaron a ir a la plaza para que presenciaran el acto criminal y como no teníamos fuerza pública, en ese entonces, a algunos se los llevaron y los fueron matando en la carretera y nosotros atrás en los carros de la comunidad, los mismos que ofrecían el transporte público, en esos mismos vehículos recogimos a nuestros muertos para darle cristiana sepultura. Pero no sólo era eso, la guerrilla también presionaba por el otro lado”.
Jhon, no puede ocultar el dolor que aún siente por el recuerdo de ese episodio trágico que vivió en su comunidad, entre lágrimas cuenta que en el año 99 tuvo que trasladarse a Valledupar, huyendo de la violencia y buscando nuevos horizontes, pero solo fueron promesas, asegura, porque el conflicto siguió creciendo.
“El conflicto era muy fuerte, eran asesinatos selectivos por parte de los paramilitares, pero también por parte de la guerrilla. Comenzó una guerra fría entre los grupos armados. El alcalde de Valledupar de la época nos prometió todo para regresar al pueblo, pero fueron mentiras, el conflicto siguió creciendo”.
El Congreso de la República no ha sido ajeno al tema de Ley de Víctimas, el senador Didier Lobo Chinichilla, del partido Cambio Radical, explicó el proceso de justicia transicional.
“La Ley 1448 de 2011 y Los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, específicos para las comunidades y pueblos étnicos establecen, en el marco de un proceso de justicia transicional, un conjunto de medidas administrativas individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Desde el Congreso, seguiremos en pie de lucha para que nuestras víctimas del conflicto sean dignificadas a través de la materialización de sus derechos constitucionales”.
Fueron 500 familias de Atánquez, las que salieron desplazados por la violencia de la época, compuestas por aproximadamente 3 mil personas. Pero el conflicto era una bola de nieve que crecía y destilaba sangre a su paso, cobró la vida de otro integrante de la familia Torres Maestre y la cabeza de la familia, el padre, fue declarado objetivo militar.
“En el año 2003 el ELN asesinó a mi hermano a la salida de Atanquez, eso hizo que nos desplazáramos hacia Valledupar, mi papá se enfureció, lo extorsionaban, le robaron sus animales, no lo dejaban ir a la finca, sin embargo, nunca nos abandonó”, recuerda Jhon.
Con Impotencia, dolor y llanto, pero la esperanza de salir adelante, asegura que no estaba dispuesto a pasar hambre en Valledupar y regresó a su territorio. Allí, comenzó otra odisea: su hermano Randy Julio Torres ingresa a las filas de los paramilitares.
“A raíz de todo lo que nos había pasado, uno de mis hermanos decidió ingresar a los paramilitares, guió al grupo por varios caminos para llegar al pueblo, participó de muchos señalamientos de asesinatos, sin embargo, nosotros seguíamos en Atánquez”.
Pero en julio del 2019 a Jhon Torres Maestre, como Cabildo Menor de Atánquez, le tocó vivir un episodio triste y fuerte pero importante: la sentencia del Tribunal de Barranquilla le ordenaba a su hermano Randy pedir perdón a la comunidad por los daños y las afectaciones que sufrieron por parte de los paramilitares.
“Me tocó organizar, en conjunto con la Unidad de Víctimas este acto simbólico de perdón con el único fin de que las familias que habían sido afectadas por mi hermano, asistieran al evento y que se convirtiera en un acto de reconciliación. Fue amargo y duro a la vez, porque era mi hermano y yo el Cabildo; jamás había pasado por esta situación, pero lo asumí con la satisfacción de poder superar tales hechos”.
En el año 2015 confirmaron que la guerrilla de la FARC, fue la que se llevó a su hermana y en este momento están a la espera que la Unidad para las Victimas, le entreguen los restos para darle sepultura.
Víctor Hugo Mosquera, Director de la Unidad para las Víctimas, regional Cesar- Guajira, explicó la inversión que recibirá la comunidad Kankuama, supera los 3 mil millones de pesos.
“El Plan Integral de Reparación Colectiva tendrá una inversión de más de 3 mil millones de pesos, solo focalizando las acciones de la Unidad frente al pueblo Kankuamo, pero en estos momentos estamos adelantando un trabajo para garantizar que todas las entidades territoriales, puedan comprometer su accionar y sus planes de desarrollo en torno a garantizar que el proceso de reparación de esta comunidad sea materializado”.
La comunidad de Atánquez, a pesar de los episodios amargos, ha respaldado por varios años a Jhon, como Cabildo Menor. Su liderazgo y trabajo en equipo, ha hecho que todos legitimen sus decisiones porque es un hombre que ha actuado en justicia y lo único que quiere ahora es salir delante de la mano de su gente para que las cicatrices no lleguen nunca al alma y el corazón.
D.A.
