El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, propuso reformar de manera integral el sistema penitenciario y carcelario durante el foro La crisis de hacinamiento carcelario: avances y retos para su superación, en el que citó a autoridades del Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura, el INPEC y la USPEC.
La Defensoría del Pueblo observa que la crisis humanitaria generada por el grave problema de hacinamiento se trasladó desde los establecimientos de reclusión del orden nacional a las estaciones de Policía, lo que representa un riesgo para los derechos de las personas privadas de la libertad y para la Policía Nacional que hoy ejerce la custodia.
“La crisis carcelaria, sumada a los hechos acontecidos en días pasados, pone de relieve la necesidad de adelantar una reforma legislativa que reoriente el sistema carcelario y penitenciario para que le devuelva a la sociedad la confianza en sus instituciones, y que permita el cumplimiento de las finalidades de custodia y protección de los derechos humanos”, dijo el Defensor del Pueblo.
En los próximos días, de manera particular, la Defensoría del Pueblo dará a conocer un informe sobre las condiciones de derechos humanos y hacinamiento en los centros de detención transitoria de todo el país, para que las autoridades competentes tomen medidas urgentes sobre este asunto.
“Se requiere de una política criminal que se enfoque en la prevención de los delitos, que facilite la rehabilitación y que permita romper con el ciclo delictivo que va de la cárcel a la reincidencia. Necesitamos una política criminal seria y coherente, que realmente sea útil en la tarea de brindar condiciones de seguridad a la ciudadanía pero sin descuidar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”, enfatizó Carlos Camargo.
En la actualidad, los índices de hacinamiento en los centros de reclusión a cargo del INPEC se elevan a un 20,6%, lo que representa una sobrepoblación de 16.621 personas privadas de la libertad, para la capacidad de cupos que asciende a 80.647.
Este nivel de hacinamiento para la generalidad de los centros de reclusión es inferior a los porcentajes registrados en los años previos a la pandemia de la Covid-19, situación que ha generado, además, que la crisis humanitaria se haya trasladado hoy a los Centros de Detención Transitoria. Allí (URI de la Fiscalía y estaciones de Policía), se evidencia una sobrepoblación de aproximadamente 17.647 personas frente a la capacidad máxima instalada, que representa una cifra de hacinamiento de 217,4%.
