- La Procuraduría demostró que Samuel Roberto Vásquez Arias ejerció funciones públicas a pesar de haber conocido que le sobrevino una inhabilidad.
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 11 años al director Administrativo y Financiero de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, Samuel Roberto Vásquez Arias (2021-2022), por ejercer funciones públicas a pesar de conocer que estaba inhabilitado como consecuencia de un fallo de responsabilidad fiscal.
La entidad comprobó que mientras el particular, Vásquez Arias se desempeñaba como miembro principal de la junta, le fueron notificadas dos sanciones fiscales que la Contraloría General de la República profirió en su contra y quedaron ejecutoriadas en el 2021, sin que el sancionado se apartara de su cargo como correspondía.
A juicio de la Procuraduría, el disciplinado “desatendió sus deberes funcionales” por cuanto omitió informar a su nominador las decisiones del ente fiscal que le habían comunicado y le impedían ocupar cargos públicos.
En fallo de primera instancia, el Ministerio Público recordó que en las actuaciones administrativas debe primar la moralidad y la buena fe, “no sólo brindando un debido manejo a los recursos públicos, sino que ello se extiende a todos los actos propios del ejercicio de la función pública”.
La falta del implicado fue calificada como gravísima a título de dolo, teniendo en cuenta que pese a ser un profesional del derecho y haber conocido su inhabilidad, decidió guardar silencio y continuar ejerciendo como miembro de la citada junta. Contra esta decisión procede el recurso de apelación.
