Joseba Grajales califica como “devastador” el impacto de la medida del Gobierno sobre la EPS y denuncia una “actitud antihumana” en el manejo del sistema de salud.
El Grupo Keralty se pronunció tras haberse hecho efectiva la entrega de la EPS Sanitas por orden de la Corte Constitucional. En un duro comunicado, firmado por el empresario español Joseba Grajales, la compañía denunció de frente “la actitud irresponsable y antihumana del Gobierno, al intentar ahogar el modelo de salud, ha generado una tragedia de dolor silencioso y, en muchos casos, consecuencias irreparables”.
Grajales advirtió que no “es un día de celebración. Es un día de duelo por el sufrimiento infligido, de indignación por el daño causado y de compromiso inquebrantable para reconstruir lo destruido”.
La compañía asegura que el fallo de la Corte Constitucional es “histórico” y “no solo reconoce la ilegalidad de la intervención a EPS Sanitas, sino que desenmascara una estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que ha servido eficientemente a millones de colombianos”.
Y, en ese sentido, agregó: “La intervención no fue un error administrativo, fue un ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos. Pacientes abandonados, escasez de medicamentos esenciales, redes de atención colapsadas y un sistema de salud erosionado hasta sus cimientos son el legado de una supuesta ‘transformación’ improvisada, carente de planificación y desprovista de humanidad”.
Grajales hizo una serie de peticiones urgentes con miras a recuperar la compañía que, como se ha hecho público, enfrenta una dura crisis financiera y, tras la intervención, tiene peores cifras que antes.
Lo que la compañía detalla está consignado en cinco puntos, que ellos definieron así:
- “Cumplimiento inmediato, incondicional e integral del fallo de la Corte Constitucional. Este mandato es un imperativo legal y moral, cuya desobediencia sería un nuevo atentado contra el Estado de derecho.
- Reparación efectiva e inmediata del daño incalculable causado a nuestra red de atención, a nuestros equipos profesionales y, sobre todo, a los millones de usuarios afectados, quienes merecen justicia y dignidad.
- Cumplimiento inmediato con los pagos adeudados y garantía de estabilidad financiera para las EPS, conforme lo ordena la ley, asegurando la continuidad y calidad del servicio de salud.
- Cese definitivo de las campañas de desinformación que aún persisten, diseñadas para sembrar división, miedo y desconfianza en la sociedad colombiana.
- Establecimiento de garantías institucionales robustas y vinculantes para que una arbitrariedad de esta magnitud no vuelva a repetirse en Colombia, protegiendo el derecho fundamental a la salud, como así lo manda la Constitución del país”.
Grajales también se refirió a las acciones judiciales que cursan en contra de quienes dirigieron y ejecutaron la intervención, que fue declarada nula y calificada como arbitraria por la Corte Constitucional hace dos meses.
“No buscamos venganza, pero sí justicia. Quienes orquestaron, ejecutaron o respaldaron con su silencio esta estrategia destructiva deben rendir cuentas. El daño causado, en muchos casos irreparable, no puede quedar en la impunidad. Exigimos que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante los tribunales y jurisdicciones que correspondan”, agrega.
“El daño es devastador”
Grajales habló de frente de lo que muchos expertos y organismos de control han advertido. La situación de la EPS es crítica.
SEMANA reveló este domingo el acta de la reunión en la que se hizo la entrega de la Superintendencia a los dueños de la EPS. En esa cita, que duró tres días, quedó claro que, tras 15 meses de control del Gobierno Petro, la entidad está peor que nunca.
En el documento consta expresamente lo siguiente: “Se explican las principales variaciones en el estado de situación financiera, así como la pérdida del ejercicio generada principalmente por el mayor crecimiento del costo frente al crecimiento de los ingresos operacionales. Lo anterior se refleja en los indicadores de habilitación financiera: incumplimiento del patrimonio técnico, incumplimiento en la reserva técnica e incumplimiento en el patrimonio mínimo”.
SEMANA había revelado también, en julio pasado, un minucioso informe de la Contraloría General de la República que, tras analizar los estados financieros de las EPS, concluía que las intervenciones no habían arrojado efectos positivos en ninguna de ellas.
Sobre Sanitas, la Contraloría dejaba claro que, en efecto, no cumplía ninguna de esas tres condiciones, que son las esenciales para una operación de esa magnitud. También reveló que la EPS tenía deudas millonarias con las instituciones prestadoras de salud.
De los 32,9 billones de pesos de esos números rojos de las EPS, la mayoría, 24,4 billones, corresponden a las intervenidas. La Nueva EPS es la primera con 9,2 billones y Sanitas, la segunda, con 2,8 billones.
Otro estudio, de Así Vamos en Salud, también había hecho públicas unas cifras preocupantes. El prestigioso centro de análisis del sistema de salud detalló cómo el primer trimestre del año pasado, antes de la intervención, Sanitas contaba con un patrimonio positivo de 21.000 millones. Y en esa misma fecha, en 2025, tras un año al mando del interventor del Gobierno, su patrimonio negativo era de 1,1 billones.
El empresario español reconoce, en su comunicado, esos estragos. “Con la misma pasión por la salud, la ciencia y el espíritu de comunidad que nos define, iniciamos la ardua tarea de reconstrucción. Pero debemos ser francos: el daño causado por la intervención ilegal, como lo ha sentenciado la Corte Constitucional, y por la actuación irresponsable del Gobierno —que ignoró las claras instrucciones de las autoridades legislativas, los entes de control y las instituciones nacionales acreditadas— es devastador”, asegura.
Y agrega: “reparar este desastre tomará tiempo y esfuerzo titánico. Por eso, hacemos un llamado urgente a su comprensión, colaboración y valentía”.
