En el desarrollo del diálogo defensorial adelantado en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo presentó el informe ‘Conflictos y desafíos del transporte terrestre en Colombia’.
El documento, elaborado por el Observatorio de Conflictividad Social de la entidad, indica que entre el 2022 y abril del 2024 hubo 665 conflictos sociales en el sector transporte, eventos que ocurrieron en 227 municipios de 28 departamentos y en Bogotá.
De acuerdo con lo identificado en el informe, Antioquia presentó el mayor número de casos, con 69 (10% de los eventos); le siguieron Bogotá, con 65; Santander, con 54; Bolívar, con 48; Atlántico, con 39; Cundinamarca, con 38, y Magdalena y Valle del Cauca, con 34 cada uno.
En el periodo analizado, la Defensoría encontró que en las demandas sociales la infraestructura ocupó el 39%; la competitividad, el 31%; efectiva regulación y rechazo a medidas regulatorias, 22%, y seguridad, 6%. Mientras que entre las formas de manifestación, los cierres y bloqueos ocuparon el 54%; concentraciones, el 20%, y marchas, el 13%.
Frente al panorama expuesto y pese a las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional, la entidad garante de derechos humanos las considera insuficientes para superar las problemáticas debido a los cambios permanentes en los procesos administrativos, cambios de enfoque entre gobiernos, escaso diálogo, entre otros factores.
Por tal razón, le hace un llamado al mismo Gobierno central, para que atienda las necesidades de todos los actores involucrados en el sector. Además, lo insta a implementar políticas y prácticas que reflejen el enfoque inclusivo que mitigue los conflictos, así como a promover una movilidad cuyo propósito primordial sea beneficiar a toda la sociedad.
Igualmente, le recomienda potenciar las alianzas público-privadas, para que sea mejorada la infraestructura, como vías terciarias, lo cual les permitiría un acceso a servicios, a bienes, al mercado, a las poblaciones apartadas y en condición de marginalidad.
