Las carreteras del país amanecieron hoy con una señal clara de inconformidad: tractores atravesados, banderas blancas ondeando en medio del asfalto caliente y cientos de campesinos de sombrero y botas firmes al frente. Desde las 7:00 a.m. de este lunes, los arroceros de Colombia dieron inicio a un paro indefinido que se extiende por varios departamentos y que amenaza con escalar si no se escucha su clamor.
En puntos neurálgicos como Espinal, Guamo, Saldaña, Purificación, Prado, Villavieja, Campoalegre y la vía Líbano-Armero, se han instalado bloqueos intermitentes: seis horas de cierre por una de paso. La fórmula busca presionar sin asfixiar, pero el mensaje es claro: el campo está cansado.
Un grano de paciencia que se agotó
Detrás del paro hay un sentimiento de traición. Los arroceros aseguran que los acuerdos pactados con el Gobierno en marzo —tras meses de tensión y promesas— han sido ignorados. Y las recientes propuestas que les han ofrecido, dicen, son más un gesto de improvisación que una solución estructural.
“No hay cumplimiento, ni voluntad real. Nos sentimos burlados”, afirman los líderes arroceros del Tolima y Huila, quienes encabezan las movilizaciones.
Condiciones para el diálogo
A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez el gremio ha sido enfático: no se sentarán a nuevas mesas de diálogo si no están presentes cinco actores clave del Gobierno y la industria: los ministerios de Agricultura, Comercio y Ambiente; la Superintendencia de Industria y Comercio; y representantes de la industria molinera.
Además, ya han definido quiénes serán sus voceros oficiales en las negociaciones y en la comunicación con los medios. “Queremos claridad, orden y compromiso real. No más dilaciones”, insisten.
¿Qué exigen?
Las demandas de los arroceros se resumen en cinco puntos, pero cada uno de ellos representa años de lucha:
Establecer precios justos para el arroz nacional.
Regular efectivamente la producción y comercialización del grano.
Proteger el único cultivo semestral estratégico del país.
Revisar los Tratados de Libre Comercio (TLC), que aseguran están afectando gravemente al sector.
El movimiento no es exclusivo del centro del país. Departamentos como Meta, Santander y Casanare también han anunciado su adhesión. La molestia es generalizada, y el grano que alimenta a millones parece haberse convertido en el símbolo de una lucha mucho más profunda: la del campo que siente que el país lo dejó atrás.
Mientras tanto, el arroz —cultivo estratégico y orgullo nacional— se planta ahora en otro terreno: las calles. Y sus productores están decididos a no moverse hasta ser escuchados.
