Lo que comenzó como una carrera fulgurante en el Gobierno Nacional, está ahora bajo una nube espesa de dudas y escándalos. Juliana Guerrero, la joven profesional que había sido promovida como posible viceministra de Juventud en el Gobierno Petro, verá anulado su título de contadora pública, tras graves irregularidades en el proceso de su graduación.
La Fundación de Educación Superior San José (FESJ) anunció que tomará la medida “drástica y definitiva” de revocar el título profesional de Guerrero, debido a que no existen pruebas fehacientes de que haya presentado el examen Saber Pro, requisito obligatorio en Colombia para obtener un diploma universitario.
El anuncio fue hecho este jueves por Juan David Bazzani, abogado de la institución, quien explicó que, al no poder verificar ante el ICFES la presentación del examen, la universidad no tiene otra opción que anular el diploma. “No cumplir con los requisitos legales para la expedición del título obliga a la institución a actuar en consecuencia”, afirmó.
Un escándalo con consecuencias institucionales
La tormenta no solo cayó sobre Guerrero. La FESJ destituyó a su secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien admitió su responsabilidad en la expedición irregular del título durante una diligencia de descargos realizada el pasado 2 de septiembre. El escándalo provocó también la terminación de los contratos del equipo administrativo a su cargo y una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.
En paralelo, la universidad se encuentra bajo una auditoría interna y una visita técnica del Ministerio de Educación Nacional, en respuesta a la presión pública y a las denuncias hechas por la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien ha advertido que el seguimiento del Gobierno podría ser insuficiente.
De promesa del Gobierno a símbolo de opacidad
Juliana Guerrero había sido presentada como uno de los rostros jóvenes del Ejecutivo, con un perfil prometedor en los círculos de juventud del Pacto Histórico. Sin embargo, las inconsistencias en su hoja de vida empezaron a generar ruido, y la falta de sustento académico terminó por desmontar su proyección política.
Ahora, lo que iba a ser un trampolín al alto gobierno se convierte en un caso emblemático de fallas de control académico y político, que pone bajo la lupa no solo a una universidad, sino a los mecanismos con los que se valida la idoneidad de los funcionarios públicos.
¿Qué sigue?
Con la anulación del título y las investigaciones abiertas, el caso de Juliana Guerrero se convierte en una alerta institucional: la meritocracia en el sector público no puede ser negociable. Y menos en un país donde el acceso a la educación superior y la transparencia siguen siendo temas de profunda sensibilidad social.
