El anuncio del aumento del salario mínimo para 2026 encendió una fuerte controversia en Colombia. Mientras el presidente Gustavo Petro defendió la medida como un avance hacia un “salario mínimo vital familiar”, los gremios empresariales reaccionaron con duras críticas y alertaron sobre posibles impactos negativos en la economía.
El Gobierno decretó este lunes un incremento del 23,7 %, que fija el salario mínimo en $1.746.882, más cerca de $250.000 por concepto de auxilio de transporte, lo que eleva el ingreso mensual de los trabajadores a $2.000.000.
Durante una alocución presidencial, Petro sostuvo que la decisión busca reducir la desigualdad social y fortalecer el poder adquisitivo de los hogares.
“Pasamos a un salario mínimo vital familiar”, afirmó el mandatario, reconociendo que la medida podría generar presión inflacionaria, aunque defendió que “la inflación es una lucha por la democratización de la riqueza”.
El incremento fue establecido de manera unilateral, luego del fracaso de las negociaciones entre el Gobierno, los empresarios y las centrales sindicales. Petro insistió en que el debate debe trascender el concepto tradicional de salario mínimo y mencionó incluso la encíclica Rerum Novarum, como sustento de su postura.
Empresarios lanzan alertas
Los gremios empresariales señalaron que el aumento supera ampliamente la inflación, cercana al 5 %, y advirtieron sobre efectos adversos en el empleo, los precios y las finanzas públicas.
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, calificó la decisión como riesgosa y aseguró que podría afectar especialmente a los hogares más vulnerables.
“Cada 1 % de incremento salarial genera cerca de $400.000 millones en gasto público adicional”, advirtió, en un contexto que el propio Gobierno ha catalogado como de emergencia económica.
En la misma línea, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, afirmó que el alza del salario mínimo “sin precedentes” podría provocar pérdida de empleos formales y un aumento de la informalidad.
“Esta decisión traerá consecuencias graves para la economía y para los trabajadores que se busca proteger”, sostuvo.
El debate queda abierto entre quienes consideran el aumento como una conquista social histórica y quienes alertan sobre un posible impacto negativo en la estabilidad económica del país.
