Nuevas reglas laborales pondrían en riesgo el acceso al primer empleo para miles de jóvenes, especialmente aprendices del SENA.
La recién aprobada reforma laboral en Colombia transformó radicalmente el contrato de aprendizaje, convirtiéndolo de una figura especial de vinculación laboral con fines formativos en un contrato laboral pleno.
De acuerdo con un análisis de Anif, “esta modificación representa un cambio significativo en los incentivos que proporcionaba esta política como instrumento para fomentar el empleo juvenil, generando implicaciones económicas significativas que amenazan la inserción laboral de los jóvenes, especialmente aprendices del Sena”.
Los costos
Esta nueva estructura eleva los costos totales de contratación por aprendiz a más del 105% respecto al modelo anterior, y puede hacer equivalentes a los de un trabajador regular con experiencia y formación profesional completa. En ese sentido, los mayores costos generan incentivos negativos para la contratación. Cuando los costos de un aprendiz se aproximan a los de un trabajador experimentado, las empresas potencialmente optarán por la segunda alternativa, reduciendo oportunidades para jóvenes sin experiencia laboral.
Desde 2002, el contrato de aprendizaje funcionaba como un puente estratégico entre la educación y el mundo laboral, caracterizado por su finalidad exclusivamente formativa y una estructura de costos diferenciada que beneficiaba tanto a estudiantes como a empresas. Lo aprobado en el artículo 23 cambia esta esencia, estableciendo que el contrato de aprendizaje ahora se regirá por las normas del Código Sustantivo del Trabajo como “un contrato laboral especial y a término fijo”.
Los cambios
A juicio del centro de pensamiento, el cambio más crítico radica en la estructura de costos. Con el contrato de aprendizaje, los aprendices del Sena recibían apoyo económico del 50% del salario mínimo durante la etapa lectiva y 75% durante la práctica, equivalente a $1.075.027 mensuales. Con la reforma, se establece el 75% del salario mínimo en la etapa lectiva y el reconocimiento del 100% de un salario mínimo durante la etapa productiva en la empresa.
Según el análisis, la transformación más grande surge con la extensión de las prestaciones laborales. Mientras el contrato anterior solo contemplaba aportes de riesgos profesionales (ARL) durante la etapa productiva, la reforma incorpora la afiliación completa al sistema de seguridad social como trabajador dependiente. Esto incluye aportes de pensión, y el reconocimiento integral de prestaciones tales como cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, y prima de servicios. Estos costos adicionales alcanzarían los $2.204.727 mensuales, un valor mayor respecto a los $1.075.027 que establecía en contrato de aprendizaje.
Por otro lado, el impacto trasciende la vinculación de aprendices SENA, pues el contrato constituía un mecanismo versátil que articulaba diversos sectores educativos. Los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2024 muestran que 4 de cada 10 contratos beneficiaban estudiantes Sena, 5 de cada 10 a universitarios en práctica profesional, y 1 de cada 10 a estudiantes de instituciones privadas de formación laboral, evidenciando el amplio uso de esta figura dentro la población estudiantil.
Al equiparar costos entre aprendices y trabajadores experimentados, la reforma elimina los incentivos económicos para la inserción de los jóvenes, convirtiendo la contratación en una obligación legal costosa. Esta distorsión llevará a que las empresas se limiten al cumplimiento mínimo de cuotas legales, eliminando la contratación voluntaria que beneficiaba a una población con mayores tasas de desempleo en comparación con la media nacional.
