El país aún no logra recuperarse de la controversia suscitada por el contrato de MinTIC y el anticipo de 70 mil millones de pesos, que luego de la renuncia de la Ministra de las Tic, Karen Abudinen, derivó en la detención de Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados.
El nuevo escándalo se ha suscitado por cuenta de que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, habría pedido acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría, en una licitación pública relacionada con el suministro de alimentos a las cárceles del país.
En este proceso ya publicado se tiene en juego la suma de $411.507’087.775 (casi seis veces lo del anticipo perdido de MinTIC).
La preocupación no es para menos, pues la alimentación de la población carcelaria, que está a cargo de Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (USPEC), siempre ha presentado continuas quejas por comidas en mal estado.
El panorama de esta situación es todavía más de interés cuando se tiene en cuenta que muchas de estas empresas que tienen relación con la alimentación carcelaria, tienen historial de prestación irregular del servicio.
Ese es el caso, por ejemplo, de LE & VE ALIMENTOS MACSOL S.A.S. o PROALIMENTOS LIBER S.A.S, dos empresas que figuraron en dicho acto administrativo (Resolución 46587 DE 2018), por “presuntamente haber incurrido en el comportamiento de colusión en procesos de selección contractual, previsto en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.
En el mes de agosto el director la USPEC, Andrés Ernesto Díaz, aseguró que su despacho había recibido denuncias sobre petición de coimas para la adjudicación de licitaciones y pago de las obligaciones por parte de la entidad. Sin embargo, estas no han sido demostradas por parte de la justicia.
“Hemos recibido por parte de ellos (los contratistas) un rechazo contundente a este escrito anónimo y la manifestación clara por parte de ellos que, desde la USPEC, no han sentido ninguna presión en el ejercicio de su contrato ni por parte de funcionarios ni contratistas adscritos a la misma”, aseguró Díaz.
Una investigación de Pacifista, publicada en marzo de este año, reveló muchas de estas irregularidades, basados en un informe del propio INPEC que “da cuenta de graves fallas en el suministro de alimentos a la población carcelaria”.
En dicha información, se aseguró que la Organización Nueva Aurora, uno de los contratistas de la USPEC, es “señalada de incumplir en el 90% de los establecimientos carcelarios donde tiene contratos”.
Por otro lado, de acuerdo con dicho medio, PROALIMENTOS LIBER S.A.S es señalado de “incumplir en el 60% de establecimientos en donde tiene contratos.
