El proceso judicial contra Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, tuvo un inesperado giro luego de que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá compulsara copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para que se investigue a la abogada Mónica Barros Villanueva, quien ha venido presentando múltiples solicitudes en favor de la empresaria sin aportar documentación válida.
Desde enero pasado, Barrera se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, cumpliendo una condena de cinco años y tres meses por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público y, especialmente, por instigación a delinquir con fines terroristas, tras destruir una estación de TransMilenio en 2019 y alentar actos violentos en redes sociales.
Durante estos siete meses, se han presentado numerosas solicitudes ante los tribunales con el fin de que se le concedan beneficios judiciales como detención domiciliaria o libertad condicional, basados en su rol como madre cabeza de familia y sus acciones sociales a través de sus negocios. Sin embargo, tanto el juzgado como la Corte Suprema de Justicia han rechazado cada petición, señalando la gravedad de los delitos cometidos.
Una de las solicitantes más recurrentes ha sido la abogada Barros Villanueva, quien incluso pidió el traslado de Epa Colombia a una guarnición militar, solicitud que fue descartada de inmediato por falta de sustento. También presentó una supuesta solicitud de colaboración para una labor social, pero sin acompañar prueba alguna. Estas actuaciones motivaron al juzgado a remitir el caso al órgano disciplinario competente.
Mientras tanto, la empresaria continúa desarrollando actividades de estudio y trabajo al interior del penal, buscando redimir parte de su pena.
La sentencia de la Corte Suprema advirtió que Barrera no solo participó en actos vandálicos, sino que usó su alcance en redes sociales para alentar a sus seguidores a replicar esas acciones, lo que —según el alto tribunal— generó miedo y zozobra en la población, lo que encaja dentro de los fines terroristas contemplados en la ley.
Ahora, la atención se centra en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, que deberá decidir si abre una investigación formal contra la abogada involucrada, en medio de un caso que sigue generando debate público.
