La fiscal general habría mentido sobre su rol en la decisión de no otorgar principio de oportunidad a testigo clave del mayor caso de corrupción del gobierno Petro.
Una tormenta política y judicial sacude a la Fiscalía General de la Nación. Luz Adriana Camargo, actual fiscal general, se encuentra en el centro de una grave controversia que podría marcar su gestión: documentos internos contradicen su versión sobre el manejo del principio de oportunidad a Sandra Ortiz, testigo clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El pasado 13 de mayo, Camargo aseguró por escrito que no tenía injerencia directa en las decisiones sobre principios de oportunidad, alegando que la autonomía de los fiscales estaba garantizada. No obstante, solo un día después, un documento reservado de la Fiscalía dejó en evidencia lo contrario: la autorización para otorgar dicho beneficio a Ortiz dependía exclusivamente de la fiscal general.
El documento que la desmiente
En la resolución del 14 de mayo, firmada por la jefa del Departamento de Protección y Asistencia, Juana Marcela Cárdenas, se afirma con claridad que la solicitud de principio de oportunidad para Sandra Ortiz estaba “pendiente de la autorización por parte de la señora fiscal general de la nación”. Este documento deja sin piso las afirmaciones públicas y oficiales de Camargo, que podrían constituir una falsedad en documento público.
Además, los fiscales del caso, María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval, han sostenido en múltiples escenarios que cualquier avance en la negociación con Ortiz dependía directamente de una decisión superior: la de Camargo.
Un testimonio congelado y en riesgo
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, entregó una matriz de colaboración el 18 de marzo, en la que comprometía a figuras de alto nivel del actual gobierno, como Carlos Ramón González (exdirector del Dapre), Vladimir Fernández (hoy magistrado de la Corte Constitucional), e Iván Name (expresidente del Senado, actualmente en prisión).
A pesar de la relevancia de su testimonio, su proceso de colaboración está congelado, sin garantías de protección para ella ni su familia, lo que la obligó a guardar silencio en su reciente comparecencia ante la Corte Suprema.
Vínculos políticos en la mira
Las implicaciones van más allá del caso puntual. Sandra Ortiz aseguró que parte del dinero del saqueo a la UNGRD, más de 3.000 millones de pesos, se utilizó para influenciar la elección de Vladimir Fernández en la Corte Constitucional, quien presuntamente ayudó a asegurar la elección de Camargo como fiscal general. Este presunto conflicto de interés es la base de una recusación presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas, que pide apartar a Camargo de cualquier decisión en el caso.
Silencios que preocupan
La Fiscalía no solo negó protección a Ortiz, también ha sido pasiva frente a otras colaboraciones claves, como la de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, que involucra a varios altos funcionarios y congresistas. La entidad ni siquiera apeló una reciente decisión judicial que frenó un acuerdo con López, dejando en el aire otro testimonio crucial.
La presión crece
El manejo del caso por parte de Camargo empieza a levantar cuestionamientos dentro de los propios organismos judiciales. En la Corte Suprema de Justicia, que la eligió, ya hay malestar por su actuación. Y en el Consejo de Estado avanza una demanda que podría anular su elección.
La fiscal, que prometió una Fiscalía basada en la “justicia premial” y la independencia de los fiscales, enfrenta hoy serias acusaciones de centralismo, opacidad y posible falsedad en documento público. Lo que está en juego no es solo la verdad detrás del mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro, sino la credibilidad misma de la justicia colombiana.
Coninformación de revista Semana
