La Presidencia de la República informó que dos contratistas de la gestión de una funcionaria que salió tras destaparse un caso de corrupción entregaron sus computadores sin disco duro y otro sin memoria interna.
Eran funcionarios de la Consejería Presidencial para las Regiones, de cuya dirección salió Sandra Ortiz hace unas semanas después de las denuncias que la relacionaban con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).
“En días pasados, durante la entrega a la nueva administración de la Consejería para las Regiones se recibieron dos computadores incompletos: uno sin disco duro y otro sin memoria, asignados a contratistas del equipo de esta dependencia”, denunció la Presidencia en un comunicado.
La Presidencia está “revisando la información recopilada y a la espera de avances para, en caso de que sea necesario, proceder con acciones conforme a la ley y dar curso a las entidades pertinentes”.
Esto se denuncia en un momento en que el exdirector de la UNGRD Olmedo López, nombrado por el presidente Gustavo Petro, y el exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD Sneyder Pinilla van a ser imputados formalmente la próxima semana por parte de la Fiscalía por acciones durante su gestión.
El escándalo en la UNGRD comenzó cuando se reveló, en febrero del 2024, la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad al parecer fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal), y a otros congresistas a cambio del apoyo en el Congreso para las reformas sociales propuestas por Petro.
En ese entramado también estarían involucrados otros funcionarios, como Ortiz, quien fuera consejera para las regiones, un cargo que depende directamente de la Presidencia.
Pero también, en los últimos días se conoció información vertida por López y Pinilla, en la que involucran a otros miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.
EFE
En unos chats de Pinilla se muestra cómo, supuestamente, Bonilla coordinaba la entrega de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) que pretendían beneficiar a seis congresistas para que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
Además, López también aseguró en una declaración que dio el mes pasado a investigadores de la Corte Suprema de Justicia que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) está involucrada en el escándalo de corrupción de esa entidad.
En ese sentido, López habló de un “entramado que recoge desde ministros hasta contratistas” para la entrega de contratos a la guerrilla con el objetivo de que dejara de secuestrar, algo que ha negado la delegación del Gobierno en los diálogos de paz.
Se espera que la próxima semana López y Pinilla sean presentados ante la justicia para escuchar los cargos en el comienzo del juicio del que es hasta ahora el mayor escándalo de corrupción del gobierno de Petro.
EFE
