Este martes a las 10:30 a.m., la Registraduría Nacional del Estado Civil entregará su pronunciamiento oficial frente a la consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro mediante el controvertido Decreto 0639 de 2025.
La expectativa es alta, no solo por el impacto político de la iniciativa, sino también por el inédito volumen de acciones jurídicas que han acompañado su trámite.
Según confirmó el registrador Hernán Penagos, la entidad ha recibido y analizado siete solicitudes de excepción de inconstitucionalidad radicadas directamente ante su despacho.
A esto se suman once demandas interpuestas ante la Corte Constitucional y cuarenta y cuatro acciones adicionales en el Consejo de Estado, todas cuestionando la legalidad y legitimidad del decreto presidencial.
La decisión de la Registraduría podría marcar un punto de quiebre en el curso del debate, en medio de un ambiente de alta polarización institucional y crecientes advertencias sobre el respeto a la separación de poderes.
La consulta popular, que Petro ha defendido como un mecanismo para “salvar las reformas”, enfrenta no solo resistencia política sino también una compleja maraña judicial.
Diversos sectores han reclamado que la Registraduría no avance sin que se resuelvan previamente los procesos en curso ante las altas cortes. Sin embargo, el Gobierno insiste en seguir adelante, argumentando que se trata de un acto legítimo de participación ciudadana.
El pronunciamiento de esta mañana será determinante para definir si se avanza con el calendario electoral previsto o si, por el contrario, se impone una pausa institucional mientras se resuelven los múltiples cuestionamientos jurídicos.
