Sandra Ortiz no se va a callar. Así lo dejó claro la exconsejera para las Regiones en una entrevista exclusiva con Revista Semana, donde expuso lo que califica como una falta de garantías por parte de la Fiscalía General de la Nación, en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ortiz, visiblemente afectada, aseguró que las pruebas entregadas al ente acusador son “claras, verificables y concisas”, y que la actitud de los fiscales que la entrevistaron fue cordial: “Nos dimos un abrazo al final”. Por eso, dice no entender cómo después la Fiscalía alegó amenazas y chantajes como razón para rechazar un principio de oportunidad. “Ahí están las cámaras, que muestren en qué momento los chantajeé”, retó.
Pero el momento más tenso llegó cuando expresó su desconfianza abierta hacia la fiscal Luz Adriana Camargo: “No siento garantías con la señora fiscal”. Y fue más allá: sugirió que detrás del rechazo a su colaboración habría intereses ocultos y hasta la intención de proteger a figuras cercanas al poder, como el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández, cuyo nombramiento –según insinúa– habría contado con ayuda del Gobierno.
“Claro que tengo pruebas. Las diré en su momento”, dijo con firmeza.
Ortiz solicitó públicamente la designación de un fiscal ad hoc y pidió llevar su información directamente a la Corte Suprema de Justicia. Dijo sentirse sola, abandonada por el mismo Gobierno del que hizo parte, y pidió al presidente Gustavo Petro una protección especial para sus hijas.
“Estoy vulnerable. Lo único que pido es protección para mis hijas. No me voy a callar”, sentenció.
El caso UNGRD sigue destapando tensiones dentro del Gobierno, cuestionamientos institucionales y un entramado político que promete aún más revelaciones.
