Hace pocas horas se conocieron las reacciones por parte del exprocurador Fernando Carrillo, quien sostiene que no debería archivarse la investigación con relación a la presunta red de chuzadas en las fuerzas militares.
Por su parte el exprocurador General de la Nación Fernando Carrillo Flórez, le salió al paso a los señalamientos de la Procuradora Margarita Cabello y dijo que la “irregular y deficiente actuación disciplinaria” de la administración Carrillo provocó el archivo de una investigación por presuntas irregularidades en ‘gastos reservados’ en las fuerzas militares.
Sin embargo, para la actual Procuradora, el archivo se produce por vencimiento de términos, falencias investigativas, falta de contundencia en las pruebas recaudadas. También advierten que el proceso no mostró gestión o avances por varios años.
El ePara Fernando Carrillo, en primera medida, que la investigación no debió archivarse pues había pruebas sólidas y se había determinado el hallazgo de una presunta red de chuzadas ilegales al interior de las fuerzas militares.
“Es una infamia. Entiendo es sobre un archivo de unas chuzadas. Ellos consideraron que las pruebas eran insuficientes y nuestra administración no. Ellos lo valoran de otra forma y por eso archivaron. Es un tema probatorio. Ellos creen que las pruebas eran insuficientes y allí hay muchos testimonios y documentos que son muy contundentes. El proceso ha debido seguir. Las pruebas eran muy sólidas. Testimonios, grabaciones y documentos de cómo se desviaron esos recursos”, advirtió.
Cabe recordar que la actual Procuradora criticó que dentro del proceso disciplinario en mención inició en la Delegada para las Fuerzas Militares en diciembre de 2017; el 13 de marzo de 2018 se le remitió al despacho del Procurador General. El 4 de mayo de 2018 el Despacho del Procurador Carrillo “ordenó romper la unidad procesal para que, por un lado, se analizara un posible uso indebido de los gastos reservados y por el otro, una supuesta interceptación de comunicaciones”.
El 3 de agosto se delegó al viceprocurador para continuar la actuación. El 18 de agosto su despacho citó a audiencia pública y formuló pliego de cargos pero tres meses después la Sala Disciplinaria de esa época “decretó la nulidad de la actuación por error en la calificación jurídica y desconocimiento del principio de favorabilidad, ordenó además devolver el proceso a la etapa de indagación preliminar”.
D.A.
