La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió este martes su primera sentencia contra el antiguo secretariado de las extintas Farc por los secuestros cometidos durante el conflicto armado. Se trata de una decisión histórica, pues es la primera condena que dicta el tribunal desde su creación hace ocho años.
Los exjefes guerrilleros Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda recibieron la máxima sanción propia: ocho años de restricción efectiva de libertades y la realización de trabajos restaurativos.
Las tareas estarán enfocadas en la búsqueda de personas desaparecidas, acciones de desminado humanitario, restauración ambiental y proyectos de memoria y reparación simbólica para las víctimas.
Según la JEP, esta sentencia responde al reconocimiento de responsabilidad de los exguerrilleros en crímenes de guerra y de lesa humanidad, como secuestro, homicidio, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, desplazamiento y tratos crueles.
El tribunal subrayó que, antes de este proceso, la impunidad por los secuestros de las Farc alcanzaba el 92 %. Durante la investigación se recibieron 402 versiones voluntarias de excombatientes, así como 1.200 escritos y observaciones de 795 víctimas, lo que permitió documentar los impactos psicosociales, comunitarios y territoriales del secuestro.
La JEP detalló que entre 1993 y 2012 los secuestros fueron utilizados por las Farc como política criminal para financiarse, presionar al Estado mediante canjes y ejercer control territorial. Se calcula que estos hechos dejaron al menos 21.396 víctimas directas.
Entre los proyectos priorizados se encuentran:
La búsqueda e identificación de desaparecidos en el Cementerio Central de Palmira (Valle).
Programas de acción contra minas antipersonal en zonas rurales.
Actividades de restauración ambiental, viveros comunitarios y turismo de naturaleza.
Actos de memoria, reparación simbólica y petición de perdón a las víctimas.
Los sancionados deberán permanecer bajo monitoreo electrónico, cumplir horarios, residir en lugares determinados y seguir aportando verdad cada vez que sean llamados por el tribunal. Las obras serán verificadas por la JEP y la Misión de la ONU en Colombia, mientras que el Gobierno deberá garantizar recursos para su ejecución.
La sentencia también ordena a entidades estatales, como la Unidad de Víctimas, revisar registros para asegurar que las personas afectadas accedan a la reparación administrativa.
“La justicia transicional permitió reconstruir la magnitud de los secuestros y sus impactos. Hoy, por primera vez, los máximos responsables de estos crímenes deberán rendir cuentas”, resaltó la JEP.
