Tal parece que el exministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, quien renunció el pasado 27 de octubre a la titularidad de esa cartera, dejó lista tras su salida una propuesta que ya genera amplia controversia: la creación de la “Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado”, un organismo que, según denuncian, concentraría funciones propias de la Policía, la Fiscalía y los jueces en una sola entidad.
La denuncia fue hecha pública por Jorge Castillo, veterano del Ejército Nacional, quien a través de su cuenta de X alertó sobre los riesgos que representaría esta iniciativa.
Castillo calificó el proyecto como un intento de instaurar una “dictadura de inteligencia”, advirtiendo que el país podría quedar bajo un poder superestatal con alcances similares a los de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela.
En su mensaje, Castillo señaló que la propuesta permitiría allanamientos sin orden judicial previa en casos de “urgencia extrema”, interceptaciones masivas de comunicaciones con autorización exprés, y el acceso ilimitado a datos bancarios, redes sociales y geolocalización de los ciudadanos. Además, contempla la creación de jueces especializados para ordenar capturas preventivas y validar pruebas obtenidas por la propia Guardia.
“Si el Estado cree que usted tiene la intención de cometer un delito, podría ser capturado. Es decir, podrían entrar a su casa, revisar su celular o su negocio sin una orden formal”, denunció Castillo, comparando la propuesta con prácticas de espionaje y persecución política. “El DAS parece un juego de niños al lado de este súper-organismo”.
El veterano también cuestionó la duplicidad de funciones y el costo fiscal que implicaría crear un nuevo aparato de inteligencia, señalando que la iniciativa podría convertirse en una amenaza directa a las libertades individuales.
Mientras el exministro Montealegre defiende su proyecto como una herramienta para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, las denuncias de Castillo ponen sobre la mesa el debate de los límites del poder del Estado y el riesgo de que Colombia caiga en un modelo de inteligencia con tintes autoritarios.
