El exfuncionario elevó una nueva solicitud a la Corte Penal Internacional, señalando su preocupación por el atentado contra Miguel Uribe y el acto en La Alpujarra; también advierte riesgos para su seguridad.
Una misiva del exministro Wilson Ruiz se dirige a la Corte Penal Internacional (CPI) “con preocupación y urgencia”. El jurista, precandidato presidencial y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura se refiere a la denuncia que interpuso contra Gustavo Francisco Petro Urrego, y que está radicada en el ID: 07465e5f-7002-4067-8b7d-e109480950bf ante esta corte.
Sin embargo, tras esa solicitud, Ruiz vivió un acto que considera puede ser una represalia. La Unidad Nacional de Protección (UNP) tomó la decisión, de “manera unilateral, de realizar una modificación a mi esquema de seguridad y de mi núcleo familiar, sin tener presente el riesgo inminente en el que me encuentro y la notoria situación de orden público que actualmente está atravesando Colombia, debido a las constantes amenazas a la democracia y libertad de expresión, como son los atentados en contra de la vida de las personas, que tienen como fin silenciar a las que representan una oposición determinante al Gobierno nacional”.
Ruiz asegura que ha sufrido ataques que demuestran que necesita un esquema más robusto y menciona episodios en los que incluso sus escoltas han tenido cruces de disparos con personas que lo venían siguiendo. Su hijo también ha sufrido estos episodios.
La familia además ha recibido amenazas por WhatsApp. “Señor Wilson Ruiz, no lo queremos más por estos lados. Siga haciendo caso omiso al mensaje que le enviamos con su hijo y esta vez sí no fallamos. Ya sabemos que le quitaron los escoltas y dónde está viviendo y qué personas frecuenta. Tiene 48 horas para salir del país, si no, aténgase a las consecuencias. […] su cabeza vale […]”, decía uno de estos mensajes.
Ruiz le expone a la CPI el contexto de lo que está viviendo el país. “El pasado 7 de junio de 2025, en la ciudad de Bogotá D. C., Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado que casi la cuesta la vida, durante una actividad electoral en la que participaba el político. El ataque fue ejecutado con arma de fuego, dejando al senador y precandidato presidencial gravemente herido. Existen muchas hipótesis hasta el momento, respecto de los responsables; sin embargo, hasta la fecha no se ha podido determinar oficialmente los autores de este delito, pese a todas las investigaciones e indagaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación”.
Ruiz recuerda cómo el precandidato presidencial “había elevado ante la Unidad Nacional de Protección, desde el año 2021 hasta el día del atentado, veintitrés (23) solicitudes, para aumentar su seguridad, las cuales fueron desatendidas por esta autoridad, generando con esto una falla en el servicio y una presunta responsabilidad por omisión del jefe de Estado colombiano”. Incluso la familia del candidato denunció al director de esa entidad, quien hoy tiene una indagación preliminar disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación.
Ruiz también menciona cómo, en la ciudad de Medellín, en la Plaza de La Alpujarra, “el jefe de Estado se dirigió a varios ciudadanos de su misma línea de gobierno y a su vez lo hizo en compañía y compartió tarima con poderosos exmiembros de estructuras criminales que operaban en el Valle de Aburrá, una región en Colombia muy afectada por estas bandas delincuenciales”.
La denuncia contra Gustavo Petro en la CPI
En una misiva dirigida al fiscal general de ese organismo, Karim Khan, el exministro señaló cómo el primer mandatario colombiano “consolidó a su llegada al poder una estrategia militar y política, con el fin de empoderar a los grupos terroristas que delinquen al interior del territorio nacional, abandonando a su suerte a la población civil (campesinos, niños, adultos mayores, líderes sociales, entre otros) que han sido víctimas de estas organizaciones criminales”.
El exministro enumera una serie de argumentos que sustentan su petición. El primero tiene que ver con la política bandera de la administración Petro, con los grupos criminales, la paz total. En segundo lugar, Ruiz narra las múltiples denuncias que desde la campaña presidencial se han dado alrededor del pedido que se habría hecho en las cárceles del país para apoyar esa candidatura.
En tercer lugar, Ruiz asegura que un año después de ganar la Presidencia se demostró que, en ese pacto de La Picota, el hermano del presidente aceptó la misión encomendada por Petro y se confirmó “que efectivamente existía ese acuerdo y que, como consecuencia de ello, la campaña habría obtenido más de un millón de votos con los que ganaron la Presidencia”.
