Si el Consejo de Estado anula el decreto de la consulta popular, los 19 altos funcionarios que lo suscribieron podrían enfrentar sanciones penales por violar la Constitución.
Los Secretos de D’arcy Quinn revelaron que los ministros que firmaron el ‘decretazo’ promovido por el Gobierno podrían ir a la cárcel en caso de que se declare nulo.
La suspensión o medida cautelar dictada ayer por el Consejo de Estado, para los juristas que conocen el tema, equivale a un fallo anticipado y podría tener efectos graves para los ministros que firmaron el decreto.
Quienes conocen el proceder del Consejo de Estado saben que el antecedente de este tipo de medidas cautelares suele indicar que el alto tribunal declarará nulo el decreto que convoca la consulta popular. Esto tendría consecuencias serias para los ministros que firmaron el Decreto 0639 de 2025, y así lo deja claro el documento publicado ayer.
El hecho de que un acto administrativo sea declarado ilegal acarrea implicaciones para quienes lo suscribieron, siempre y cuando se demuestre que el presidente y sus ministros eran conscientes de dicha ilegalidad.
En ese caso, podría configurarse el delito de prevaricato, ya que existía un concepto negativo del Senado. También podría hablarse de abuso de función pública o incluso de usurpación de funciones, si se prueba que hubo extralimitación.
La situación es delicada. Creo que se salvan los ministros de Minas, Edwin Palma; de Ambiente; y la canciller Laura Sarabia, quienes no firmaron el decreto, pues lo hicieron sus viceministros. Ah, y también Luis Eduardo Montealegre, quien redactó el decreto pero no se había posesionado en el cargo.
En estos momentos, los ministros consultan abogados, encienden velas y hasta piensan en el asilo.