La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sostendrá este miércoles 10 de diciembre una reunión clave con los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en medio del escándalo por la presunta filtración de información de las disidencias de alias ‘Calarcá’ al Gobierno Nacional, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ejército Nacional.
Camargo reconoció que hubo retrasos de más de 16 meses en la investigación, pese a que desde julio de 2024 fueron incautados computadores, celulares, discos duros y otros dispositivos electrónicos a una caravana del autodenominado Estado Mayor de las disidencias de las Farc, interceptada en Anorí (Antioquia). Parte de ese material pertenecería a alias ‘Calarcá’ y otros integrantes de la estructura ilegal.
Ante la falta de avances por parte de una fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales de Medellín, la fiscal general ordenó intervenir de inmediato el proceso y comisionó al delegado contra la Criminalidad Organizada a nivel nacional para retomar las pesquisas.
Las cinco líneas de investigación abiertas por la Fiscalía
La entidad definió varias rutas para esclarecer el caso:
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Posible cooptación de agentes del Ejército y de inteligencia por parte de las disidencias.
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Amenazas a la seguridad nacional, incluyendo posibles atentados en planeación.
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Rastreo de financiación ilegal a campañas presidenciales.
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Alianzas entre diferentes actores criminales.
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Creación de empresas de vigilancia privadas al servicio de estructuras ilícitas.
La Fiscalía aclaró que durante el tiempo en que la investigación estuvo rezagada, ninguna dependencia del ente acusador, incluido el despacho de la fiscal general, recibió reportes, avances o información derivada del material incautado.
Tras una inspección técnica en Medellín, la Fiscalía encontró datos “de la mayor gravedad” que no estaban siendo investigados, lo que llevó a Camargo a ordenar la intervención inmediata y a reactivar todas las líneas de trabajo.
El caso, que toca a altos niveles del Gobierno y del sector defensa, mantiene bajo tensión a las instituciones, mientras la Fiscalía busca esclarecer si existió una red de filtración, corrupción o colaboración entre agentes estatales y disidencias de las Farc.
