La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Emilio Tapia Aldana por su presunta participación en distintos actos de corrupción, identificados en el trámite y celebración de contratos que se seguían en dos entidades públicas distintas.
De esta manera, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción agrupó tres procesos que se seguían en contra de Tapia Aldana, en los que quedaron en evidencia maniobras ilícitas similares para quedarse con la contratación pública y apropiarse de recursos destinados a cubrir las necesidades ciudadanas.
Caso Centros Poblados
Dos de los eventos que se le atribuyen al procesado están relacionados con el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la unión temporal ‘Centros Poblados’, el cual pretendía llevar Internet a 7.000 escuelas rurales.
Tapia Aldana habría contactado a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal. A cambio, les pagaría 4.000 millones de pesos. De esta manera, ‘Centros Poblados’ se constituyó, licitó y, con la información falsa sobre su conformación, indujo a error a los funcionarios de MinTic que le otorgaron el contrato.
Estas entidades no tendrían ninguna participación en el contrato, pero su presencia era determinante para reunir los requisitos esenciales para garantizar la adjudicación de la millonaria licitación.
Posteriormente, el hoy acusado, al parecer, conoció de la obtención de pólizas falsas para respaldar ante MinTic la seriedad de la oferta, la firma del contrato y recibir un desembolso de 70.000 millones de pesos, por concepto de anticipo.
En la investigación se conoció que Emilio Tapia Aldana recibió 6.182 millones de pesos de los recursos iniciales entregados a la unión temporal. De esta suma, presuntamente, giró 1.118 millones de pesos a los dueños de las empresas que vendieron la experiencia de sus compañías. El resto, algo más de 5.064 millones, los habría usado para gastos no plasmados en el plan de inversión como compra de obras de arte, apartamentos, tiquetes aéreos, vehículos de gama alta, y el pago de honorarios a abogados.
