Decisiones disciplinarias y recusación marcan nuevo rumbo en la investigación judicial que involucra al hijo mayor del Presidente.
La Fiscalía tomó la decisión de apartar al fiscal Mario Burgos del proceso que implicaba al exdiputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, luego de una recusación presentada por la defensa del acusado. La recusación, promovida por el abogado Diego Henao, se fundamentó en el pliego de cargos emitido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ), que señaló presuntas irregularidades en la custodia de evidencias del caso y cuestionamientos fuera de competencia durante el interrogatorio a Nicolás Petro.
Según explicó la Delegada para la Seguridad Territorial, la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio constituye un impedimento objetivo para que Burgos Patiño continúe como fiscal ante el Tribunal Superior de Distrito encargado de la investigación. Esto significa un giro significativo en el desarrollo del proceso judicial que tiene al hijo del presidente como principal acusado.
El fiscal Burgos había manifestado anteriormente su intención de seguir en el caso a pesar de las acusaciones en su contra por parte de la CNDJ. Sin embargo, la decisión de la Fiscalía ahora implica la necesidad de reasignar el caso y garantizar la continuidad de la investigación sin las implicaciones disciplinarias que rodearon la gestión de Burgos.
Nicolás Petro enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, acusaciones que surgieron a partir de evidencias que lo vinculan con movimientos financieros irregulares relacionados con la campaña presidencial de 2022. Estos señalamientos llevaron a la captura previa de Day Vásquez y el exdiputado en Barranquilla, siendo trasladados posteriormente a Bogotá para las audiencias correspondientes.
Durante las diligencias de legalización de captura e imputación de cargos, el fiscal Mario Burgos sustentó que Nicolás Petro recibió fondos de personas como Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, supuestamente destinados a la campaña presidencial de su padre, pero que terminaron en sus propias manos, según alegaciones presentadas por su expareja Day Vásquez.
El enriquecimiento ilícito del acusado, estimado en más de 1.053 millones de pesos según análisis de sus cuentas, habría sido utilizado para la adquisición de vehículos y propiedades, aspectos que ahora forman parte de la investigación en curso.
