La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red criminal dedicada al transporte irregular de migrantes desde Norte de Santander hacia la frontera con Ecuador, con rutas que se extendían hacia Perú y Chile. La organización habría operado durante cerca de un año y medio, según las investigaciones adelantadas en coordinación con la Dijin de la Policía Nacional.
De acuerdo con el ente acusador, la red captaba a migrantes extranjeros en sectores cercanos a la terminal de transportes de Cúcuta y en municipios como Pamplonita y Los Patios. En estos puntos ofrecían alternativas para continuar la ruta migratoria y los conducían hasta agencias de viajes donde se concretaban los pagos por paquetes previamente definidos.
La Fiscalía estableció que los servicios incluían transporte terrestre en buses de turismo, alojamiento, alimentación, entrega de chips para comunicación y acompañamiento de guías durante el trayecto. Además, se suministraban documentos que no cumplían los requisitos legales, ya fuera por estar vencidos o por carecer de autenticidad, lo que impedía su uso ante controles migratorios.
Dentro del proceso judicial se documentaron seis eventos en los que la estructura movilizó a 222 personas, entre ellas 27 menores de edad. En varios casos, los desplazamientos no se completaron en las condiciones acordadas, pues algunos migrantes fueron dejados en zonas cercanas a la frontera con Ecuador, sin acceso a los destinos incluidos en los paquetes adquiridos.
Como resultado de las labores investigativas fueron capturadas seis personas señaladas de integrar la organización: Leonardo Fabio Gómez Moncada, Álvaro Lagos Camargo, Carmen Liliana Vaca Castañeda, Jessica Alexandra Pérez Moreno, Jenny Fernanda Triana Becerra y Jorge Enrique Becerra Vera. Según la Fiscalía, los procesados habrían participado en distintas fases del esquema criminal, desde la captación hasta la coordinación de los traslados.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado. Tras las audiencias ante un juez de control de garantías, cinco de los procesados fueron enviados a centros carcelarios, mientras que uno cumplirá medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
