Ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación acusó de manera formal al exgobernador del Cesar, Luis Monsalvo Gnecco, en un proceso por presuntas irregularidades sobre la contratación del Plan de Alimentación Escolar – PAE.
Se trata de una investigación que venía adelantando el ente acusador por los presuntos delitos de peculado por apropiación y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales que Monsalvo no aceptó al declararse inocente de los cargos.
Dentro de la investigación, deduce la Fiscalía que es claro que Luis Monsalvo siendo gobernador de Cesar, incurrió en delitos al contratar a la misma empresa que por años venía contratando para el suministro de alimentos destinados a los niños y niñas en los colegios de las zonas mas vulnerables del departamento.
Es así como se demostraría la adjudicación prácticamente a dedo del contrato supuestamente amañado para que el contratista se quedara con el mismo.
“El kilo de hígado se cotizó a 60.460 pesos siendo que el kilo de carne costaba 14 mil pesos y aquel es de menor precio. anomalías sobre los factores de selección del contratista (…) la exigencia de una experiencia tan especifica que solo la UT contratista podían cumplir eran las mismas que con anterioridad venían contratando con la gobernación”, señaló el fiscal.
Es de anotar que el ente acusador cuestiona que, al parecer, que el programa de alimentación no llegó a los niños y niñas de las comunidades indígenas del departamento
“Los documentos referidos a las consultas que supuestamente se hicieron a las comunidades indígenas. La Fiscalía demostrara que esta actividad no fue efectuada por el ente territorial a pesar de tener la obligación de hacerlo”, dijo el fiscal del caso.
Frente a ese relato y las pruebas que dijo la Fiscalía que iba a usar en el juicio, el exgobernador del Cesar, Luis Monsalvo no aceptó cargos.
Las investigaciones se desprenden de la firma, al parecer irregular, del contrato por las de 17 mil millones de pesos entre la Gobernación y el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo, que al parecer generó un detrimento al patrimonial al erario público por mas de 3.000 millones de pesos.
