La funcionaria deberá responder ante el anticipo que se dio por $70 mil millones al contratista del proyecto, cuyo objetivo era llevar conectividad a más de 7 mil colegios públicos de las zonas rurales del país.
La decisión del ente acusador se tomó en el marco de las medidas anunciadas por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, con el fin de establecer el paradero de los recursos desembolsados y las falsedades e inconsistencias presentadas en la suscripción del acuerdo.
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No obstante, cabe aclarar que la diligencia no implica que Abudinen sea vinculada al proceso, sino que busca establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos denunciados.
Asimismo, la idea es que la ministra entregue material probatorio adicional a la denuncia por la cual se conocieron las presuntas irregularidades que señalan que la contratación fue firmada con una póliza bancaria falsa para asegurar el cumplimiento.
Es de recordar que la semana pasada la Fiscalía escuchó el testimonio del representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque, quien además presentó ante la entidad pruebas sobre el destino de estos recursos, que supuestamente fueron utilizados para comprar equipos en Estados Unidos.
