Un equipo especial de fiscales, expertos y peritos de las Delegadas para las Finanzas Criminales, la Seguridad Territorial y la Criminalidad Organizada, asumió la investigación penal ante posibles inconsistencias en el manejo de los recursos de la Unidad de Pago de Capitación (UPC), por parte de varias Empresas Promotoras de Salud (EPS).
Esa investigación de la Fiscalía se origina de los primeros avances en la indagación fiscal de la Contraloría General de la República, que advierte que no existe claridad sobre la destinación por parte de algunas EPS de más de nueve billones de pesos.
De acuerdo con los primeros hallazgos de la Contraloría, mucho de estos recursos que debían ser destinados directamente para la atención y mejora del servicio de salud se habría empleado para el pago de deudas, inversiones, producciones de carnets, compra de bienes y pago de honorarios.
Una vez se avance en esta primera fase de la investigación, la Fiscalía llamará a declarar y citará a interrogatorio a los funcionarios y representantes de las EPS a que haya lugar.
Esta investigación penal fue ordenada directamente por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, tras sostener una reunión con el contralor general de la República y el defensor del Pueblo.
