La Fiscalía General de la Nación avanza en una nueva línea investigativa por las presuntas irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados, cuyo objeto era garantizar el servicio de internet a 7.000 escuelas rurales en diferentes regiones del país.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción radicó solicitud de audiencia de imputación contra cinco personas, que estarían involucradas en la apropiación ilícita de parte de los 70.000 millones de pesos del anticipo del citado contrato.
Los citados son: los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres; Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados; Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Agencia de Seguros; y Emilio Tapia Aldana.
Los indiciados serán imputados, de acuerdo con su posible participación en las conductas ilícitas, por delitos como: peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Por disposición del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, la diligencia se cumplirá el 23 de febrero de 2022.
