La decisión del Gobierno de nombrar a Juliana Guerrero como nueva Viceministra ha encendido debate, luego de que se conociera que ya hay una denuncia activa en la Fiscalía por presunta falsedad en documento público y fraude procesal en su contra.
El anuncio generó reacción inmediata por parte de defensores de los jóvenes, quienes advirtieron al ministro Juan Florians que proceder con el nombramiento podría constituir el delito de prevaricato al omitir estas irregularidades.
La situación refuerza el llamado a que se respeten las luchas y la credibilidad de la juventud, y plantea una interrogante central: ¿puede alguien bajo investigación ocupar un cargo público de alto nivel?
Seguimos atentos a la respuesta del Gobierno y los resultados del proceso en la Fiscalía.
