Se conoció que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, interpuso demandas contra la decisión de Ecuador de imponer aranceles del 30 % a productos colombianos, y solicitó que la medida sea levantada.
La controversia ya fue admitida por la Comunidad Andina (CAN), organismo que ahora iniciará la investigación correspondiente para determinar si la decisión ecuatoriana vulnera las normas comunitarias que regulan el comercio entre los países miembros.
Según el Gobierno colombiano, la imposición de aranceles dentro del bloque andino podría constituir una restricción indebida al libre comercio, principio fundamental del acuerdo de integración regional.
La CAN deberá evaluar si la medida adoptada por Ecuador está justificada bajo las excepciones previstas en la normativa andina o si, por el contrario, configura una práctica prohibida.
El caso abre un nuevo capítulo en las relaciones comerciales bilaterales y podría tener impacto directo en exportadores colombianos que dependen del mercado ecuatoriano.
