Así lo dejó en claro la Presidencia al señalar que este tipo de actos son competencia de la Justicia Penal Militar.
Rafael Guarín, consejero presidencial para los Derechos Humanos, expresó que los abusos policiales que se han registrado durante las manifestaciones desde el comienzo del paro nacional, deben ser investigados por la justicia ordinaria.
El ente acusador dice que los jueces deben adelantar con rigurosidad un juzgamiento en casos de violaciones de derechos humanos, reconociendo la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso.
“Es claro para el Gobierno que cualquier acción de un miembro de la Fuerza Pública que vulnere los derechos humanos se aparta de la Constitución, de la Política de Seguridad y de las instrucciones recibidas. Tales actos deben ser objeto de investigación y sanción severa”, dijo.
Y agregó que la Fuerza Pública cuenta con entrenamiento, formación, capacidad y protocolos establecidos para proteger a la población, en casos de disturbios, “con absoluto respeto por la Constitución y los derechos humanos”.
“Ninguna actuación fuera de ese marco es tolerable y se condena por el Gobierno”, concluyó.
D.A.
