En vez de conectar a internet a más de 7.000 colegios de 15 departamentos, conectaron $70 mil millones a una empresa que no hizo nada y hoy no aparecen los recursos.
Adriana vivas, asesora del viceministerio de conectividad durante la audiencia realizada hoy viernes por resolución encargada y apoderada del caso confirmó la decisión que se había tomado el pasado 19 de julio y tras su rechazo al pedido del consorcio para que la ministra, Karen Abudinen, asumiera directamente el proceso.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones así lo decidió luego de la aparición de garantías presuntamente falsas para respaldar parte del contrato 1043 de 2020, cuyo costo asciende a 1,07 billones de pesos.
Asimismo el ministerio señaló dentro de la audiencia, que no se presentó violación alguna al debido proceso y se respetaron todos los derechos de los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados.
La funcionaria también informó que el banco Itaú envió una comunicación al Ministerio en la cual informó que nunca expidió tres garantías en el proceso para la adjudicación al contrato en referencia.
También se determinó el pago de una multa de más de $ 39 mil millones, además de la inhabilidad de los miembros de la Unión Temporal por cinco años para contratar con el Estado y que ante dicha decisión no procede recurso alguno.
Por su parte, a través de Twitter la ministra de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, Karen Abudinen, destacó la confirmación de la decisión. “Caducamos el contrato 1043 de 2020 de la Unión Temporal Centros Poblados, la sanción más contundente en materia de contratación estatal. Con esta decisión, cesan HOY todos los contratos de los miembros de la UT vigentes con el Estado”, escribió a través de la red social.
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La Unión Temporal Centros Poblados está integrada por la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S.
Vivas manifestó que el expediente será remitido a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, quienes determinarán si se toman otro tipo de acciones legales.
A su turno el abogado de la Unión Temporal, Jorge Pino Ricci, pidió a la ministra Karen Abudinen revocar la decisión tomada este viernes.
