El Gobierno nacional oficializó la eliminación de la prima especial que reciben mensualmente los congresistas de la República, un beneficio que ronda los 16 millones de pesos y que había estado vigente durante más de una década.
La medida quedó establecida en el Decreto 0030 de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda, mediante el cual se deroga el acto administrativo del 4 de octubre de 2013 que creó este pago adicional para los legisladores. No obstante, la decisión solo aplicará a partir de la próxima legislatura, es decir, para los congresistas que se posesionen en el periodo 2026-2030.
De acuerdo con el decreto, los efectos fiscales de la eliminación de la prima comenzarán a regir desde el 20 de julio de 2026. En consecuencia, el actual Congreso, cuyo periodo finaliza a mitad de este año, continuará recibiendo la prima especial de servicios hasta el final de su mandato.
En la justificación de la medida, el Ministerio de Hacienda señaló que la remuneración de los congresistas resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población colombiana y a la realidad económica del país. Según la cartera, este tipo de beneficios salariales dificultan el cierre de brechas sociales y van en contravía de los esfuerzos de austeridad que requiere el Estado.
“El Gobierno considera necesario reorientar la senda del gasto público y adoptar medidas de austeridad inmediatas, siempre que no se afecten derechos fundamentales”, indicó el Ministerio, al explicar que la eliminación de la prima hace parte de un ajuste más amplio en la política de gasto.
La decisión no ha estado exenta de controversia. Algunos sectores del Congreso manifestaron su inconformidad, argumentando que el salario de un congresista, que supera los 32 millones de pesos mensuales sin la prima, no compensa adecuadamente las responsabilidades del cargo. Uno de los críticos fue el senador Antonio Zabaraín, quien cuestionó que esa remuneración sea suficiente para la labor legislativa.
Pese a las críticas, el Gobierno defendió el decreto como una señal de coherencia frente al discurso de austeridad y equidad salarial, en un contexto marcado por las restricciones fiscales y la necesidad de priorizar recursos para programas sociales y de inversión pública.
