La medida del Ministerio de Hacienda preocupa a empresarios, trabajadores y gremios por su impacto en la liquidez y la estabilidad fiscal del país.
El Ministerio de Hacienda ha sacudido el panorama económico del país con una propuesta que, aunque legal, ha sido interpretada por muchos como una medida desesperada. A través de un nuevo proyecto de decreto, el Gobierno busca modificar las tarifas de retención en la fuente, pero esta vez con un cambio de fondo: los autorretenedores, quienes tradicionalmente adelantaban parte de su impuesto voluntariamente, también serán objeto de retención por terceros.
El movimiento parece simple sobre el papel, pero sus implicaciones son profundas: en la práctica, el Gobierno estaría adelantando el recaudo del impuesto de renta de los sectores económicos más estratégicos del país. Es decir, cobrando hoy los ingresos tributarios que realmente se deberían percibir en 2026. Todo, con el objetivo declarado de cerrar el hueco fiscal de 2025.
¿Quién paga el precio de este anticipo?
De aprobarse, el nuevo decreto se sumaría al Decreto 1625 de 2016, amparado por el artículo 365 del Estatuto Tributario, que otorga al Ejecutivo la facultad de regular la retención en la fuente sin necesidad de pasar por el Congreso.
Entre los ajustes más polémicos, se contempla un aumento en las tarifas de retención para sectores como el agrícola, minero y energético. Por ejemplo, el cultivo de productos como arroz, tabaco y caña pasaría del 0,55% al 1,20%. Pero el verdadero golpe viene en minería e hidrocarburos, donde la tarifa se dispararía hasta un 4,5%. Una cifra que, en palabras de la Asociación de Comercializadores de Oro, haría inviable su operación formal.
La medida también baja los umbrales para aplicar retención, afectando de lleno a trabajadores independientes y pequeños empresarios. En muchos casos, se les descontará por anticipado casi el doble que hoy, a pesar de estar en medio de un contexto de baja inversión y estancamiento económico.
Las advertencias no se hacen esperar
Para Lisandro Junco, exdirector de la Dian, este es un “adelanto masivo de renta” que podría tener consecuencias macroeconómicas graves. “Están trasladando ingresos de 2026 y 2027 al 2025. Lo que ganan hoy, lo pierden mañana”, advirtió.
El caso no es nuevo. En 2023, el Gobierno hizo un movimiento similar. ¿El resultado? Un alivio fiscal momentáneo… seguido de una caída en los ingresos de 2024. El mismo presidente Gustavo Petro lo reconoció como un “error administrativo”.
José Ignacio López, presidente de Anif, advierte que medidas como estas pueden desestabilizar las finanzas empresariales. “Una mala calibración puede dejar sin liquidez a las compañías, sobre todo a las pequeñas”, indicó.
Francisco Mejía, ex presidente del Banco Agrario, fue más directo: “Muchas empresas no van a resistir. Aumentar la retención ahora puede significar su desaparición mañana”.
El agro y la minería, en el ojo del huracán
Los gremios han reaccionado con preocupación. El alza en la retención sobre productos clave como el arroz, el café o la caña, llega en momentos en que estos sectores enfrentan informalidad, altos costos e insuficiente apoyo estatal.
La comercialización legal de oro, por ejemplo, se hace con márgenes de utilidad que no superan el 1,5%. Con una retención del 4,5%, se eliminan completamente esas utilidades. Y cuando la formalidad deja de ser rentable, la ilegalidad encuentra terreno fértil.
Lo mismo ocurre con el agro. La nueva norma reduce los umbrales de no-retención para la venta de café y de insumos agrícolas, afectando directamente al campo colombiano. Juan Espinal, representante por Antioquia, lo resumió así: “Esto no es una reforma tributaria. Es una emboscada fiscal”.
¿Responsabilidad fiscal o cálculo político?
Desde la oposición y otros sectores políticos, se ha levantado una ola de críticas. La representante Katherine Miranda habló de irresponsabilidad presidencial, mientras que Germán Vargas Lleras acusó al Gobierno de “engrasar su maquinaria política” a costa del aparato productivo del país.
En el fondo, todos parecen coincidir en una cosa: esta medida pone en jaque el equilibrio fiscal futuro para asegurar liquidez inmediata. Y en tiempos preelectorales, la sospecha de que se trata de una maniobra con fines políticos no es menor.
El jineteo fiscal y sus consecuencias
Carolina Restrepo, abogada tributarista y asesora en Harvard, lo explicó con crudeza: “Esto es jineteo fiscal. Están usando la retención como si fuera un impuesto nuevo, cuando en realidad es solo un anticipo”. Según ella, esta forma de recaudo agresiva puede terminar asfixiando a los sectores productivos, especialmente los más vulnerables.
Además, advierte, el problema no se limita a las grandes empresas. Afecta a trabajadores, profesionales independientes y pequeños comerciantes, que verán disminuir su flujo de caja incluso antes de consolidar sus ingresos. “El mensaje es claro: castigo a los que producen y cumplen. Pero eso no es sostenibilidad fiscal, es castigo económico”, sentenció.
