Las drásticas sanciones económicas que contemplaba la iniciativa radicada el pasado 20 de enero, generó un sinnúmero de reclamos y preocupación en quienes trabajan con plataformas de transporte público, lo que obligó al gobierno a desistir del proyecto de ley que pretendía la aplicación de sanciones más severas.
Ante la decisión de reversar la iniciativa del ministerio del Transporte, se pronunció el
congreso al calificarla de injusta, no sin antes mediar y concertar soluciones, puesto que hasta algunos taxis también laboran con este sistema.
El Representante por el departamento de Boyacá, Pedro Suárez, del partido Pacto Histórico, reconoció que lo que se requiere es organizar y ajustar el uso de dichas plataformas de manera que sea equitativa y justa para no vulnerar los derechos de los ciudadanos al trabajo y de allí que fue una buena medida del retiro del proyecto, el cual debe ser concertado entre los transportadores públicos y privados.
A su vez el gobierno anunció que adelantará los ajustes que sean necesarios para regular y ajustar la iniciativa que será nuevamente radicada en el Congreso a fin que se pueda debatir en el presente semestre y así reorganizar este servicio del cual dependen cientos de familias propietarias de vehículos y motos que actualmente prestan ese servicio en todo el país.
