A dos semanas de las elecciones legislativas, Colombia vive un incremento de la actividad de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional – ELN y de las disidencias de las FARC, así como del Clan del Golfo que atacan a líderes sociales y desmovilizados y tienen a las comunidades atemorizadas.
El principal objetivo de los grupos criminales ha sido la fuerza pública, especialmente en los convulsos departamentos de Arauca y Norte de Santander, en el este del país y ambos fronterizas con Venezuela, así como en el Cesar (norte), y en las regiones del norte del Cauca y el Bajo Cauca antioqueño, en el oeste de Colombia.
Carlos Enrique Moreno, profesor de la facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, aseguró a Efe que con estos ataques lo que buscan mostrar los grupos armados en la época de las elecciones es la fuerza que todavía tienen.
«Buscan demostrar que un candidato en algún momento decía que iba a proveer y retornar la seguridad no lo está haciendo (en referencia a la propuesta de campaña del presidente Iván Duque). Es una demostración de fuerza, no tanto que sean fuertes (…) sino que tiene una connotación de demostrar la incapacidad de las autoridades», dijo.
PARO ARMADO
Precisamente esta semana el país vivió un «paro armado» del ELN, en el que la guerrilla ha perpetrado ataques con explosivos y paralizó el transporte en algunas regiones del país.
Con los «paros armados» el ELN suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, así como el comercio, amenazando con atacar a quienes ignoren sus advertencias.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el ELN ha realizado 56 acciones durante su paro armado, que supuestamente culminó esta madrugada, entre ellas la activación de explosivos e incineración de vehículos, entre otros.
El profesor Moreno recordó que las antiguas FARC, antes de firmar el acuerdo de paz y de desmovilizarse, tenían un «control territorial que garantizaba la seguridad en los territorios en los que ellos hacían una presencia dominante».
«Con la desarticulación y la salida de gran parte de los miembros de las FARC, la seguridad quedó un poco en vilo y no necesariamente las autoridades locales o nacionales lograron reemplazar esa autoridad que proveía las FARC (…) y eso abrió la posibilidad de que otro tipo de fuerzas que intentaron ocupar el territorio», explicó.
Así pues, los diferentes grupos armados buscan ocupar los territorios y en algunos lugares del país se enfrentan por ese control, como ocurre en Arauca donde el conflicto entre el ELN y las disidencias ha dejado más de 100 asesinatos en lo que va corrido del año.
VIOLENCIA CONTRA LÍDERES Y EXCOMBATIENTES
La violencia contra los líderes sociales y excombatientes de las FARC tampoco ha disminuido en este contexto y, por el contrario, se ha alertado en este inicio del año de un repunte de los asesinatos.
Precisamente un grupo de exguerrileros fueron atacados el jueves mientras se encontraban reunidos en Puerto Guzmán, en el selvático departamento del Putumayo, en el suroeste de Colombia, y su líder fue asesinado mientras que otros resultaron heridos.
«Con profunda indignación denuncio ante la opinión pública el homicidio del camarada Jorge Santofimio, ‘Jorgillo’, en Puerto Guzmán», anunció Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes y último comandante de la guerrilla.
«Exigimos garantías de seguridad para el territorio, para este espacio (de reincorporación)», dijo a Efe, por su parte, un excombatiente que vivió el ataque y agregó que fueron tiroteados cuando estaban en una reunión.
El testigo aseguró que el Ejército tardó tres horas para llegar al lugar del ataque, pero valoró el apoyo de la ONU y de la gubernamental Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que han estado con ellos desde que asesinaron a su compañero.
Por otro lado, un total de cinco líderes sociales han sido asesinados en los últimos días, según el reporte de Indepaz. Uno de los últimos, Julio Victoria Cárdenas, el jueves mismo en el Litoral San Juan, en el selvático departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.
En lo que va de año, dice ese instituto, han sido asesinados 31 líderes o defensores de derechos humanos, es decir, uno cada dos días.
