Una grave agresión cometida contra una niña indígena de la comunidad Gito Dokabu, en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, ha causado indignación nacional luego de que se viralizara un video en el que se ve a la menor siendo brutalmente golpeada por dos adultos de su misma etnia.
En las imágenes, grabadas el pasado 29 de mayo, se observa cómo la niña es atacada con tallos vegetales hasta el punto de perder momentáneamente el conocimiento. El hecho ha sido ampliamente repudiado por las autoridades locales, organismos estatales y organizaciones indígenas, que exigen una investigación urgente y sanciones ejemplares.
El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, rechazó de manera enfática lo sucedido. “Estos actos no pueden justificarse bajo ninguna tradición ancestral. Constituyen una violación flagrante a los derechos humanos y a la dignidad de nuestras niñas”, declaró.
La Secretaría de Salud Departamental, en articulación con la Procuraduría Regional, activó de inmediato la ruta de protección para menores. La niña fue trasladada al hospital Santa Mónica, donde recibió atención médica, y actualmente permanece bajo protección institucional, con acompañamiento psicológico.
Litza Fernanda Roldán, directora operativa de Salud Pública del departamento, confirmó que la intervención fue rápida: “La menor está recibiendo los cuidados necesarios y su integridad está siendo protegida mientras se determina su situación legal y familiar”.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) indicó que la menor sigue con vida, desmintiendo versiones infundadas sobre su fallecimiento, y confirmó que se abrió un proceso formal de restablecimiento de derechos.
Organizaciones indígenas también se pronunciaron con fuerza. La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia denunció el hecho como una “grave vulneración de los derechos humanos”, afirmando que la violencia contra mujeres y niñas no puede tener cabida bajo ningún sistema cultural o normativo. “Nada justifica la violencia contra nuestras mujeres y niñas”, enfatizaron en un comunicado público.
Asimismo, hicieron un llamado a que los responsables sean juzgados bajo el marco del derecho propio indígena, pero en armonía con los derechos fundamentales garantizados por la Constitución colombiana.
El caso ha reabierto el debate sobre los límites de la autonomía indígena frente a los derechos de la infancia y la mujer, y ha motivado a que se revisen los mecanismos de control comunitario en estas poblaciones.
Mientras tanto, la menor permanece bajo vigilancia institucional y las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer responsabilidades y garantizar su protección integral.
