El convenio fue financiado con recursos del Sistema General de Regalías.
El ente de control evidenció presuntas irregularidades en la ejecución del acuerdo de cooperación y en la contratación de su interventoría.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los gerentes de Instituto de Fomento y Desarrollo Económico del Guaviare, IFEG, Graciela Arias López (2016-2018) y José Vicente Urquijo Sedano (2018-2019), por posibles irregularidades relacionadas con un convenio de cooperación que supera los $ 7 mil millones.
La investigación también cobija a la entonces representante legal de la firma interventora Unión Temporal Cacaos del Guaviare, Ayllen Cristhie Vázquez Cruz.
Los hechos están relacionados con un contrato celebrado en 2018 con la Unión Temporal Cacaos del Guaviare para realizar la interventoría de un convenio de cooperación cuyo objeto era aumentar el nivel de innovación empresarial del sector cacaotero.
Al parecer, la exgerente del IFEG Arias López habría violado los principios de transparencia y selección objetiva al suscribir los estudios previos y contratar de forma directa la interventoría para ese convenio de innovación, y no hacerlo a través del concurso de méritos, como lo exigía la ley en este caso.
El Ministerio Público también investiga al entonces gerente del IFEG, Urquijo Sedano, quien durante el tiempo que asumió la supervisión del convenio de cooperación, celebrado con la Corporación Educativa y Científica Cosmos, no habría tomado acciones frente a los presuntos incumplimientos del contratista, luego de recibir los informes de la interventoría que advertían parte de la situación.
De acuerdo con la información recaudada, el operador “no habría ejecutado parte de las actividades a tiempo, con las calidades exigidas invirtiendo los recursos indebidamente y haciendo imposible la consecución del producto esperado”, circunstancias que obligaban al investigado a iniciar un proceso administrativo sancionatorio.
Por último, la Procuraduría formuló cargos a la entonces representante de la empresa que ejerció la interventoría a este convenio especial para los cacaoteros, Ayllen Vázquez, quien presuntamente no exigió el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Corporación Cosmos.
Vázquez Cruz es cuestionada disciplinariamente por “no reclamar la falta de ejecución, validar avances sin los soportes que demostraran la efectiva actividad y en consecuencia, autorizar desembolsos, no exigir el cumplimiento del cronograma de ejecución previsto y no pronunciarse respecto a la inexistencia de la planta de beneficio requerida para el proyecto”, entre otros aspectos.
Además, durante la interventoría habría concedido reprogramaciones, autorizado cambios en la ejecución del proyecto, validado documentos y avalado modificaciones estructurales respecto al objeto, generando presuntamente, un detrimento patrimonial, tomando en cuenta que parte del proyecto fue financiado con recursos del Sistema General de Regalías.
Las conductas objeto de investigación fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de culpa gravísima.
