En una decisión sin precedentes en la historia judicial y política de Colombia, la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, declaró al expresidente Álvaro Uribe Vélez culpable del delito de soborno en actuación penal, convirtiéndolo en el primer exmandatario en ser condenado por la justicia ordinaria del país.
“Quedó suficientemente acreditado el soborno en la actuación penal“, sentenció la togada al final de una detallada lectura de las pruebas presentadas en el juicio. En su criterio, Uribe sí conocía y participó en el plan para inducir al testigo Juan Guillermo Monsalve a retractarse de sus declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, las cuales vinculaban a los hermanos Uribe Vélez con estructuras paramilitares.
Heredia fue clara: “No fue accidental su intervención”. La expresión, breve pero contundente, desmontó la tesis sostenida durante años por la defensa del expresidente, que siempre negó cualquier responsabilidad directa en las gestiones ilegales ante testigos. Por ahora, resta que la jueza emita su decisión frente a los otros dos delitos imputados: fraude procesal y manipulación de testigos.
Un proceso de más de una década: de denunciante a condenado
La historia del proceso se remonta a 2012, cuando Uribe, ya fuera de la Presidencia y del Senado, denunció al entonces representante a la Cámara Iván Cepeda, acusándolo de visitar cárceles para buscar testigos falsos que lo incriminaran a él y a su hermano Santiago Uribe. La denuncia señalaba una presunta campaña de desprestigio mediante la manipulación de exparamilitares encarcelados.
Pero la jugada se le volteó.
En 2018, la Corte Suprema no solo archivó la investigación contra Cepeda, sino que abrió una contra el propio Uribe, al detectar posibles maniobras para influir en testigos y alterar procesos judiciales. Así, Uribe pasó de ser el denunciante a ser el investigado.
En 2019 fue citado a indagatoria, y en agosto de 2020 se convirtió en el primer expresidente en recibir medida de detención domiciliaria, aunque luego renunció a su curul en el Senado, alegando “falta de garantías”. Al salir del Congreso, el caso pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía, bajo el mando de Francisco Barbosa, aliado político del gobierno de Iván Duque.
Dos intentos de preclusión, dos rechazos judiciales
Durante la administración de Barbosa, la Fiscalía intentó cerrar el caso en dos ocasiones, pero ambas solicitudes de preclusión fueron rechazadas por jueces. Finalmente, en abril de 2023 se presentó el escrito de acusación que incluía un nuevo cargo: soborno simple. El juicio arrancó en mayo del mismo año.
Tras 67 días de audiencias públicas y 20 días de deliberación, la jueza Heredia dio el paso que nadie en la política colombiana había enfrentado: declarar culpable a un expresidente por un delito penal en ejercicio de su poder e influencia.
El testigo clave: Juan Guillermo Monsalve
El testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve fue la columna vertebral del caso. Recluido en la cárcel La Picota, Monsalve ha señalado desde 2012 presuntos vínculos de los hermanos Uribe con el paramilitarismo, particularmente con el Bloque Metro de las AUC.
Según el fallo, Monsalve fue abordado en prisión por Enrique Pardo Hasche, Diego Cadena (abogado de Uribe) y otros emisarios, para que firmara una carta retractándose de sus declaraciones. Monsalve aseguró que incluso recibió instrucciones sobre lo que debía escribir, y que su expareja, Deyanira Gómez, conservó una copia de la misiva y fue clave para probar la presión ejercida.
En contraste, otros testigos defendieron la versión de Uribe, incluyendo al padre de Monsalve, Óscar Monsalve, quien acusó a Cepeda de ofrecerles asilo y dinero. Sin embargo, la jueza consideró que las pruebas eran más robustas en la línea acusatoria.
Implicaciones políticas e internacionales
El fallo ha reavivado la polarización nacional. Mientras los sectores afines al uribismo denuncian una persecución judicial —incluso algunos congresistas republicanos de EE. UU. han respaldado esa narrativa—, los sectores críticos del expresidente celebran la decisión como una victoria del Estado de Derecho y la independencia judicial.
El caso también ha puesto en la mira el actuar de figuras como Diego Cadena, quien enfrenta sus propios procesos judiciales, y de Álvaro Hernán Prada, entonces senador y ahora presidente del Consejo Nacional Electoral.
¿Qué sigue?
La jueza Sandra Heredia debe continuar con la lectura del fallo y definir su postura frente a los otros dos delitos. De confirmarse una triple culpabilidad, el expresidente enfrentaría una condena que podría oscilar entre los 6 y 12 años de prisión.
Aunque Uribe aún puede apelar la decisión, la realidad ya es contundente: ha sido hallado culpable por la justicia ordinaria. El juicio al poder ha comenzado, y la historia política de Colombia nunca será la misma.
