La Corte Constitucional admitió la demanda interpuesta por Paloma Susana Valencia Laserna contra la Ley 2381 de 2024, conocida como la Reforma Pensional.
La demanda cuestiona la constitucionalidad de la ley en base a tres cargos principales: la falta de deliberación adecuada durante el proceso legislativo, la posible violación del artículo 48 de la Constitución al establecer regímenes pensionales especiales, y la incompatibilidad de ciertas disposiciones con la normativa constitucional.
Valencia Laserna alega que el proceso legislativo para aprobar la ley vulneró el artículo 157 de la Constitución, ya que la Cámara de Representantes habría eludido el debate detallado al acoger el texto aprobado por el Senado sin la debida discusión.
Además, argumenta que la Ley 2381 de 2024 introduce un régimen pensional especial para ciertos grupos, lo cual contravendría la prohibición establecida en el artículo 48 de la Constitución que limita la creación de regímenes pensionales especiales. También se señala que una disposición de la ley podría ampliar la base de pensiones sujetas a impuestos, lo que afectaría a los jubilados de clase media.
La Corte ha ordenado a los Secretarios Generales del Senado y la Cámara de Representantes que envíen toda la documentación relacionada con el proceso legislativo. Asimismo, ha invitado a diversas entidades y expertos a participar en el proceso para proporcionar sus opiniones y análisis sobre la ley y los cargos admitidos.
El proceso continúa y se dará un plazo para la presentación de pruebas y argumentos adicionales.