Se conoció una serie de irregularidades que se habrían presentado con tres millonarios contratos adjudicados. Las posibles ilegalidades detectadas resultan escandalosas.
Mientras en la Cancillería reina el caos, está en medio de una guerra fría al interior del mismo Gobierno, el problema con los pasaportes luego de tres años no ha tenido ninguna solución y la atención en embajadas y consulados es pésima, al interior del Palacio de San Carlos, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, se han cocinado, adjudicado y hasta recibido a satisfacción bienes que nunca se entregaron.
Se trata de tres contratos por un valor cercano a los 13 mil millones de pesos, firmados y —en este caso— con desembolsos, durante la gestión del excanciller Luis Gilberto Murillo, con tozudas irregularidades que podrían salpicar a funcionarios administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Uno de ellos tiene que ver con la compra de mobiliario para la entidad, que no era necesario; se pagó y nunca llegó a la Cancillería. Lo más delicado es que sí hay acta de entrega
Se trata del Contrato 596 de 2024 por un monto de 750 millones de pesos que debió haberse cumplido el año anterior, pero hasta el sol de hoy apenas han arrumado algunos elementos en el Palacio de San Carlos.
Fuentes de la Cancillería cuentan que aunque en el papel hay una justificación, nunca se tomaron ni siquiera las medidas del lugar donde se iban a poner los elementos, es decir, fue un gasto inventado que no ha sido entregado, ya fue pagado y —como se mencionó— hasta tiene acta de entrega.
La justificación para realizar el contrato está en la creación de un grupo de género, que el existente estaba desgastado, y adecuación de biblioteca, comedor y cafetería. Sobre el papel, aguanta todo.
Según la revista Semana, el contratista recibió el 100 % del pago el 30 de diciembre de 2024, y no entregó físicamente ningún mueble conforme al contrato. La directora administrativa y financiera encargada y contadora del Fondo Rotatorio del Ministerio, Adriana Ávila, habría recibido sin verificar la totalidad de muebles supuestamente comprados, autorizó el pago total al contratista y, señalan las fuentes, obligó bajo gritos y amenazas de despido al almacenista a hacer un ingreso ficticio.
Al 23 de mayo de 2025, no se ha recibido la totalidad de los muebles, solo un par de mesas y sillas que tampoco cumplen con las especificaciones técnicas del contrato y que aparte también se encuentran con imperfectos y en mal estado.
Y como si esto fuera poco, el encargado de supervisar el contrato ni siquiera trabaja en la Cancillería, pero, aún así, validó la entrega del mobiliario fantasma.
El contrato de fin de año
Ya resulta habitual que los contratos presuntamente irregulares sean tramitados en los últimos días del año, cuando el país está concentrado en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Esta piñata de contratos no sería la excepción.
Se trata de un contrato por 2.500 millones de pesos para el mantenimiento de las instalaciones del Palacio de San Carlos. Fue firmado el 30 de diciembre con la Unión temporal Mantenimiento Can 2024.
Nadie se explica en la Cancillería, y así se lo hicieron saber, que sin haber hecho nada, con trabajo de apenas cuatro días, desembolsaron al contratista casi 300 millones de pesos.
En este caso vale la pena aclarar que en este desembolso, aunque contó con el aval de interventor del contrato, la entrega de dinero fue autorizada por la directora administrativa Ávila, pues los demás estaban de vacaciones (ver foto certificación).
Como era lógico, un contrato que debería ejecutarse en la vigencia de 2024 no se iba a lograr ejecutar en menos de una semana, eso lo sabían los funcionarios de la Cancillería, pero sacaron un as bajo la manga: una “solicitud de adición, modificación y prórroga” por 90 días, realizada el mismo 30 de diciembre (ver imagen).
Según advierten fuentes, esta prórroga se acordó en un café con el contratista, con la directora administrativa encargada, Adriana Ávila; con la asesora de esta dirección, Íngrid Natalia Martínez, y otra contratista arquitecta de la misma dirección. Y ¡sorpresa! Acordaron aprobar esa prórroga sabiendo que se estaba induciendo una reserva presupuestal que finalmente se dio, como consta en el siguiente documento.
En este tema también habrían participado las funcionarias Manuela Morales, Ruth Ochoa y Janeth Rodríguez.
La joya de más de 10 mil millones
El tercer contrato que fue denunciado tiene que ver con el servicio de vigilancia, y es el de más alto valor: 10 mil millones de pesos.
En este caso, un contrato direccionado para que ganara una de las empresas, Top Guard Ltda. Se trata de una denuncia contra funcionarias de la misma dirección administrativa de Adriana Ávila.
Señalan que Íngrid Natalia Martínez y Manuela Morales Pacheco, adscritas a esta dirección, encargadas de proyectar y revisar los documentos de contratación; otra contratista, Johanna Agudelo Jurado, también encargada de asuntos de contratación, y Mónica Cardona, funcionaria de planta, habrían estado en el diseño de la licitación direccionada.
Y es que, según pudo verificar este medio, fueron varios los cambios que hicieron en los pliegos para lograr la contratación a pedir de boca.
Por ejemplo, eliminaron el certificado de no haber tenido sanciones o multas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Eliminaron también de un plumazo la póliza de seguro colectivo para el personal, algo que incluso era norma, según el Decreto 1588 de 2021.
Sin embargo, las funcionarias agregaron más arandelas innecesarias para la ejecución del contrato, pero que facilitaron la adjudicación de este a uno de los proponentes: cambiaron el perfil del coordinador del contrato pidiendo un título profesional en ciencias militares o ingeniería vigente, que tuviera curso de prevención en seguridad expedido por la Policía Nacional, con un diplomado en gestión de riesgos expedido por institución de educación superior y —además— le subieron la experiencia a cinco años.
También plantearon unos “ponderables” frente a las armas de vigilancia, pidieron —de forma inexplicable— para un asunto de vigilancia que tuvieran un vehículo con un cilindraje particular.
Al interior de la Cancillería hay molestia por la manera en la que se están entregando los contratos y las irregularidades documentadas. Los líos —al parecer— van más allá de los pasaportes y de la guerra que se está dando en el Gobierno y que han puesto como objetivo a la canciller, Laura Sarabia. ¿Es el momento de los organismos de control?
