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La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación a Movistar y Claro

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27 de abril de 2023
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La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación a Movistar y Claro
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La investigación de la SIC sería porque las empresas de telefonía celular le estarían negando la portabilidad a sus usuarios.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió investigación a las empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil Comunicación Celular (Comcel-Claro) y Colombia Telecomunicaciones (Movistar), porque al parecer les están niegan las solicitudes de portabilidad a sus usuarios.

“Las indagaciones preliminares dieron muestra de que es posible que se estén presentando violaciones al Régimen de Protección a los Usuarios por presuntamente limitar el derecho de elegir libremente el operador de su preferencia a través de la portabilidad numérica”, precisó la SIC en un comunicado.

De acuerdo con la información recaudada por la superintendencia, Movistar y Claro, probablemente, estarían activado y cobrando a sus usuarios un producto, sin su autorización o aceptación previa y expresa. “Los productos denominados por Movistar ‘Mejor Juntos’ y ‘Bonos de Fidelización’, y por Claro ‘Datos Plus’, estarían siendo activados y cobrados por tales operadores, vulnerando con ello el derecho que les asiste de elegir libremente su proveedor, planes y servicios de telecomunicaciones. Esta conducta atentaría contra los derechos de los usuarios pues en los contratos de servicios de comunicaciones debe haber aceptación expresa de cualquier modificación de los mismos”.

La investigación contra esos proveedores de servicios de comunicaciones se inició por las diferentes quejas de usuarios y otros proveedores del mercado, quienes han alegado que las solicitudes de portabilidad están siendo rechazadas, razón por la cual se están formulando cuatro cargos en las respectivas investigaciones, así:

Desconocer el derecho que les asiste a los usuarios de recibir información clara, cierta, veraz, oportuna y completa para tomar decisiones respecto del servicio ofrecido o activado.

Modificar las condiciones acordadas previamente con los usuarios, imponiéndoles y cobrándoles servicios que presuntamente no fueron aceptados expresamente por estos.

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Desconocer el derecho que les asiste a los usuarios de recibir copia del contrato de prestación de servicios de comunicaciones ajustado, durante el período de facturación siguiente a aquel en que se efectuó la modificación del plan inicialmente contratado por parte del proveedor.

Diseñar e implementar estrategias comerciales y/o promociones y ofertas que tienen como efecto impedir que los usuarios elijan libremente su proveedor de servicios, lo que a la postre generaría una permanencia en el uso del servicio prestado con el operador.

Además de la apertura de investigación, se les impusieron a Movistar y a Claro una serie de medidas administrativas de carácter inmediato y permanente, encaminadas a no limitar a sus usuarios en la libre elección de proveedor, la conservación de su línea y la activación sin autorización previa y comprobable de los productos mencionados.

Agotadas todas las etapas de este proceso administrativo sancionatorio, las empresas podrían someterse a multas de hasta de 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($17.400 millones) según lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1341 del 2009, en caso de demostrarse que incurrieron en las conductas descritas.

En ese contexto, Claro informó que no ha sido notificada de la investigación. “Para la compañía, el cliente y el cumplimiento de la ley son la prioridad, por eso actúa con transparencia y cumple con lo dispuesto en el Régimen de Portabilidad Numérica, con los plazos previstos en la regulación para este proceso y siempre está en constante comunicación con la SIC para implementar los planes de mejora en los procesos, los cuales son comunicados oportunamente a la autoridad”.

La compañía añadió que como lo ha hecho en anteriores ocasiones, ha denunciado ante distintos entes de control y vigilancia, a otras empresas del sector por situaciones en las que incumplen la norma de portabilidad.

“La compañía reitera que actúa en el marco de la ley, que respeta el derecho de los clientes, y que, junto a la autoridad, seguirá trabajando en pro de los derechos de los usuarios en el país”, se lee en el comunicado de Claro.

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