Fuentes del Consejo Nacional Electoral confirman que ya fue radicada la ponencia en la que se piden formular cargos a Ricardo Roa, el presidente Gustavo Petro y los auditores por presunta violacion de topes de campaña.
La campaña del hoy presidente Gustavo Petro sigue en el ojo del huracán por la investigación que por más de 14 meses realizaron los magistrados Álvaro Prada y Benjamín Ortiz, comisionados para investigar la posible violación de topes y financiación prohibida de la campaña Petro presidente.
Hoy estos magistrados del Consejo Nacional Electoral, radicaron ante la sala plena del Consejo la ponencia de pliego de cargos contra Gustavo Petro, Ricardo Roa y los auditores, por la presunta violación de topes electorales y financiación con fuentes prohibidas.
La ponencia radicada por Prada y Ortiz tiene 314 páginas y lo que viene en el Consejo Nacional Electoral, tras la radicación del proyecto de resolución, es que la sala plena, integrada por nueve magistrados, decidan si acogen o no lo que piden los magistrados, quienes han venido adelantando la indagación a las cuentas de la campaña ‘Petro Presidente’.
Primera vez en la historia que el CNE formularía cargos por superación de topes a un presidente en ejercicio
Con esta formulación de cargos Colombia vive por primera vez en su historia, una formulación de cargos contra un presidente en ejercicio por superación de topes electorales.
Desde el pasado 18 de abril, habíamos anticipado que los magistrados Álvaro Prada y Benjamín Ortiz, encontraron serios indicios y pruebas contundentes sobre la presunta omisión de los aportes de Fecode, Colombia Humana, la Unión Sindical Obrera (USO), el pago a testigos electorales y otros elementos que comprometerían seriamente la responsabilidad del hoy presidente y los directivos de su campaña.
¿Qué podría pasar con el presidente de Petro?
En caso de que se compruebe los hechos mencionados, la Comisión de Acusaciones se encargará de deliberar las medidas sancionatorias del presidente Gustavo Petro.
Según la ley, originaría una investigación para establecer una
pena que iría de entre los 4 a los 8 años de prisión, y una multa que iría ligada al exceso de lo que hubiera superado el
gasto electoral.
