De esta manera, la Contraloría busca hallar bienes a nombre de las sociedades o personas vinculadas con la Unión Temporal – Centros Poblados para ser embargados.
En el día de hoy la Contraloría General de la República decidió abrir un proceso de responsabilidad fiscal por las presuntas irregularidades cometidas por la Unión Temporal – Centros Poblados en el trámite de la licitación por el contrato para suministro de internet en zonas rurales, contrato en el que se giraron “70 mil millones de pesos que a la fecha no aparecen, sumado a que fueron suscritos con garantías falsas.
Así la Contraloría decretó este miércoles las medidas cautelares con las cuales se espera permitan rastrear bienes a nombre de sociedades o personas vinculadas con la Unión Temporal Centros Poblados, los cuales podrían ser incautados o embargados mientras avanza la investigación.
En el proceso fueron vinculados Adriana Vanessa Meza Consuegra, representante legal de Funtic, Camilo Alberto Jiménez Santofimio de SES Colombia S.A.S., Luis Fernando Duque Torres, representante la UT Centros Poblados, Carlos Enrique Páramo de la fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, Jeremías Olmedo Cabrera de ICM Ingenieros, Hugo Armando Canabal de Intec de la Costa S.A.S, Juan Sebastián Vergara de Omega Building Constructora, Paola Izquierdo del Consorcio PE2020 C Digitales, Francisco Barrena de Eurocontrol S.A., José María Hougton de Telemediciones S.A.S. y Giancarlo Ibáñez de BBVA Asset Management S.A.
