Se trata de Marcelina Cundumí Díaz, representante de Asosocun, condenada en el 2017 por el escándalo de corrupción de Foncolpuertos.
Un escándalo envuelve por estos días a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, con el descubrimiento que se hiciera de un millonario contrato realizado por este alto tribunal con una contratista condenada por corrupción.
La historia fue revelada una vez que se conociera el nombramiento en días pasados de Harvey Danilo Suárez como nuevo secretario ejecutivo de la JEP en remplazo de María del Pilar Bahamón. Suárez ya trabajaba con la JEP antes de este nuevo cargo y esta nueva posición es muy importante porque administra, gestiona y ejecuta los recursos de este Tribunal, además de prestar sus servicios a los comparecientes y a las víctimas.
Pues bien, Harvey Danilo Suárez, durante la época en que fue subsecretario de la Jurisdicción firmó un contrato el 6 de diciembre de 2018, como Supervisor y representando a la JEP, con Marcelina Cundumí Díaz, como contratista y representante de la Asociación Agropecuaria Cundimi Diaz, Asosocun.
Se indicó que el valor del contrato era de casi 6 mil millones de pesos. Según las indagaciones, el hallazgo en el contrato no tiene que ver con incumplimientos sino con el historial criminal de la señora Cundumí Díaz, relacionado con uno de los más grandes escándalos de corrupción del país: Foncolpuertos.
Como fue de conocimiento público, el caso de este escándalo se remonta a los 90, cundo jueces, funcionarios de Puertos de Colombia y particulares se unieron para desfalcar al Estado por cientos de miles de millones de pesos y una de las protagonistas fue Marcelina Cundumí Díaz, condenada el 22 de septiembre de 2017, por un Juzgado en Bogotá, a 82 meses y 26 días de prisión.
Los delitos por los cuales fue procesada y condenada la hoy contratista de la JEP fueron peculado por apropiación consumado y agravado e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, además de una multa de 500 millones de pesos, y la prohibición para ejercer el derecho por un tiempo.
Lo más llamativo de todo este caso que hoy envuelve a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es que al momento de suscribir este contrato, en el 2018, Marcelina Cundumí Díaz ya tenía la condena en primera instancia, y su caso estaba en el Tribunal Superior de Bogotá, que en 2019, un mes después de la firma del contrato, ratificó la decisión del juzgado.
Esto quiere decir que desde la primera sentencia, la señora Cundumí Díaz ya estaba inhabilitada para contratar con el Estado.
Aunque la JEP reconoce la gravedad de esta situación, aclaran que la culpa no fue suya, sino del juzgado de primera instancia en el 2017, porque nunca notificó a los organismos de control que sobre la señora pesaba una condena.
La JEP ahonda más en sus explicaciones y agrega que cuando el Tribunal Superior de Bogotá ratifica la condena en 2019, los registros siguen sin aparecer en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e inhabilidades (SIRI).
Esto quiere decir, según sus aclaraciones, que ellos -la JEP-, verificaron y no aparecía condena alguna.
Pero no todo quedó allí, aparece un segundo contrato en la JEP que también involucra a la condenada Marcelina Cundumí Díaz.
El 21 de noviembre de 2020, se realiza un segundo contrato por cerca de 2 mil millones de pesos, con la Asociación Agropecuaria Sonia Cundumí Díaz. Al igual que en el primer caso, la JEP se defiende diciendo que también verificaron en organismos de control y que las inhabilidades seguían sin aparecer. Trascendió que la verificación tiene fecha de noviembre 20 de 2019, un día antes de suscribir el contrato.
A la Corte Suprema llegó el caso penal contra Macerlina Cundumí, condenada en primera y segunda instancia por defraudar al Estado colombiano, en el recurso de casación, que fue negado por la Corte el 18 de noviembre de 2020, es decir, tres días antes de suscribir el segundo contrato. Manifiesta la JEP que solo se dio cuenta de la situación jurídica de la señora en abril de 2021, cuando leyó la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Hay que decir que la JEP, días después, la denunció ante la fiscalía por falsedad en documento público.
Dice la denuncia de la JEP en la Fiscalía, que Marcelina Cundumí dijo bajo la gravedad de juramento que no tenía inhabilidad alguna para contratar con el Estado.
Pese a lo anterior se conoció que fue encontrado registros de Cundumí en una herramienta muy útil: Google, que la relacionaba con el escándalo de Foncolpuertos, incluso hay registros de la fiscalía desde 2010, así como notas de prensa.
Como es sabido, Foncolpuertos no fue cualquier escándalo, no solo era un hecho público, sino uno de los más grandes episodios de corrupción que esquilmó las finanzas públicas del país.
Finalmente la pregunta que cabe hacerse en estos momentos y ante otro evidente escándalo que recuerda un doloroso hecho de corrupción es:
